El desafío terrorista en China

In Análisis, Autonomías by PSTBS12378sxedeOPCH

El atentado del 1 de marzo en la estación de ferrocarril de Kunming, Yunnan, atribuido a secesionistas uigures armados, evidencia la gravedad del desafío que enfrentan las autoridades chinas en el plano de la seguridad. Con 29 muertos y otros 20 en estado crítico y más de un centenar de heridos de diversa consideración, la masacre recuerda a la de julio de 2009 en Urumqi, cuando 198 personas fueron asesinadas y unas 1.700 resultaron heridas. El pasado 25 de enero se informó de la muerte de catorce personas en un incidente y en otro ocurrido el 14 de febrero,  quince muertos más, todos ellos en Xinjiang. En la capital uigur, el gobierno había acordado recientemente duplicar el presupuesto antiterrorista para 2014.

 

Cuando muchas miradas seguían atentas a la evolución en Tibet, protagonista de otra explosión de violencia incontrolada en 2008, aquel año 2009 marcó un punto de inflexión en la estrategia del terrorismo en Xinjiang, incrementando progresivamente sus acciones, dentro y fuera del territorio de dicha región autónoma. Lo sucedido en Kunming, en la multiétnica provincia de Yunnan, evidencia un grado de planificación y organización superior, con capacidades añadidas para actuar en zonas alejadas, desterrando la idea de una excepcionalidad del atentado de Beijing de octubre pasado en la plaza Tiananmen. Por otra parte, la elección de una estación de ferrocarril, el medio de transporte más utilizado en China, y lo indiscriminado y brutal de la violencia han provocado cierta psicosis social y no poca alarma ante la hipótesis de que ataques salvajes e inesperados puedan producirse en cualquier rincón del país.

 

Pocos podían esperarse un ataque en Kunming de esta naturaleza. Su realización plantea a las autoridades chinas la necesidad de abordar el terrorismo de otra forma, a una escala diferente, multiplicando la seguridad en toda China, más allá de los centros político-simbólicos, y fortaleciendo la cooperación internacional, especialmente con Pakistán y otros países vecinos. Será uno de los primeros retos del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que parece abocado a abordar tantos frentes internos como externos.

 

El presidente Xi Jinping reaccionó urgiendo una rápida actuación de las fuerzas de seguridad y a las pocas horas se produjeron los primeros detenidos tras el desplazamiento a la zona de Meng Jianzhu, responsable de seguridad en el Buró Político. El hecho de que la masacre se perpetrara en vísperas del inicio de las dos sesiones parlamentarias anuales, supone una intencionalidad política adicional que impacta en la línea de flotación del gobierno que ansiaba centrar toda la atención en la profundización de una reforma en la que los asuntos relacionados con las nacionalidades minoritarias se encaran sin novedades destacables.

 

Por otra parte, la equiparación de palabras y acciones a la hora de afrontar los problemas relacionados con la política en esta materia, ilustrada por el presidente Xi Jinping con su llamamiento a establecer una “muralla de bronce y hierro”, exige matices que deben afrontarse sin mermar el indispensable debate sobre la corrección e idoneidad de las políticas actuales. No todo aquel que critique de palabra la política china en materia de nacionalidades puede ser considerado cómplice del terrorismo. Por el contrario, su cuestionamiento puede ayudar a ponerle coto.

 

En su reacción, el gobierno chino debiera evitar caer en una invitación a la represión y la discriminación, esmerando por el contrario la actitud de la policía y las tropas en Xinjiang y del conjunto de la población. Sobre ello se ha advertido en las sesiones legislativas de este año, iniciadas el pasado día 3 en Beijing, entre otros por Zhu Weiqun, presidente de la comisión de asuntos étnicos y religiosos de la Conferencia Consultiva. Lo contrario solo puede llevar a una mayor profundización del foso que ya separa a la comunidad uigur de los Han y podría derivar a medio plazo en una auténtica insurrección. La asociación entre uigures y terrorismo está totalmente fuera de lugar.

 

Esta acción, no obstante, tendrá también otras consecuencias. La Asamblea autónoma de Xinjiang venía discutiendo la adopción de una legislación antiterrorista específica. Es más que probable, dado el impacto del atentado en el conjunto del país, equiparado incluso a su propio 11S, que ahora se aborde también desde el plano estatal.

 

Y con independencia de la acción policial, indispensable para proteger la vida de tantos civiles inocentes, cabría reflexionar una vez más sobre la idoneidad de la política aplicada y esto afecta tanto al modelo económico desarrollista en curso como al modelo político, basado en autonomías que no avanzan con los tiempos. No se trata con ello de amparar en modo alguno estas acciones o buscarle disculpas que las justifiquen. Al contrario. Se trata de racionalizar su origen y garantizar su aislamiento con políticas activas que comprometan a las comunidades locales en la definición de los marcos de una convivencia creíble.

 

Si no se actúa en el plano político, abriendo el debate a una revisión del modelo tal como también algunos sectores del PCCh vienen reclamando desde hace tiempo, no suprimiendo las autonomías como expresión de un hipotético legado soviético fracasado sino actualizando sus formas y contenidos, los riesgos de esta situación pueden seguir aumentando. Es la política el arma más necesaria y eficaz para aislar la violencia y los violentos. También en esto se requiere sabiduría y coraje, valores tan presentes y ensalzados para infundar nuevos bríos y horizontes en otros ámbitos.