La Ley de Procedimientos Penales de China, que fue enmendada este año para reforzar la protección de los derechos humanos, entrará en vigor el 1 de enero de 2013.


Después de la modificación previa realizada hace 16 años, la ley recién enmendada incluye en su primer capítulo la frase «respetar y proteger los derechos humanos» y contiene numerosos artículos detallados que tienen el objetivo de garantizar los beneficios de los sospechosos y la justicia del trabajo de aplicación de la ley.



La ley estipula que un sospechoso debe ser informado de su derecho a nombrar a un abogado desde la primera vez que es interrogado por los órganos de investigación o es sujeto a medidas obligatorias, con lo que se modificó la versión anterior que estipulaba que un sospechoso sólo podía tener un abogado defensor cuando el caso fuera remitido a los fiscales.



Las entidades judiciales deben garantizar que los abogados se reúnan con sus clientes en un plazo de 48 horas después de recibir la solicitud y los abogados tienen derecho a informarse de los hechos principales de los delitos del sospechoso o acusado y ofrecer asesoría jurídica.



Las reuniones de los abogados con los sospechosos o acusados no deben ser supervisadas ni grabadas, indica la ley.



Jiang Bixin, vicepresidente del Tribunal Popular Supremo (TPS), dijo que la ley urge a los diversos tribunales a que defiendan el valor de un procedimiento formal cuando aborden un caso.



Después de que la ley fuera enmendada en marzo de este año, el TPS, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron reglamentos más detallados para guiar el trabajo de sus departamentos inferiores de acuerdo con el espíritu de la ley.



En la ley se dice que nadie debe ser forzado a demostrar su propia culpabilidad, junto con disposiciones sobre cómo descartar evidencia recabada a través de medios ilegales.



También ofrece la protección de los menores al estipular que los registros penales de quienes reciban condenas de prisión de menos de cinco años por crímenes cometidos cuando no habían cumplido los 18 años de edad no deben ser puestos a disposición de grupos o individuos, a excepción del uso de los órganos judiciales en el manejo de un caso.



Junto con la Ley de Procedimientos Penales, la Ley de Procedimientos Civiles que fue enmendada recientemente para agilizar la forma en que se abordan las disputas civiles y para promover la estabilidad y armonía sociales, también entrará en vigor el 1 de enero del año próximo.



De acuerdo con la enmienda, las agencias u organizaciones determinadas por la ley pueden presentar demandas contra aquellos cuyos actos socaven el bienestar público contaminando o violando los intereses de los consumidores.



La ley permite que terceras partes apelen las decisiones judiciales si tienen evidencia de que el veredicto, fallo o mediación del tribunal ha violado sus derechos e intereses.

Además, la ley modificada otorga a los tribunales de base permiso para emitir un fallo final para juicios de primera instancia referentes a demandas civiles por una cantidad de dinero equivalente o menor a 30 por ciento del salario promedio anual en la provincia donde tenga lugar el caso.