El director del departamento de investigación del Tribunal Popular Supremo (TPS), Hu Yunteng, señaló que el hecho de que el tribunal haya vuelto a asumir esa tarea ha contribuido de manera «obvia» a la reducción del número de ejecuciones, informó el periódico China Daily en su edición de hoy viernes.

«El cambio ha garantizado que la pena capital se aplica sólo en los casos más graves», añadió Hu.

En 1981, el TPS autorizó a los tribunales provinciales a dictar penas de muerte en un esfuerzo por hacer frente al aumento de la criminalidad.

El tribunal decidió recuperar esa potestad el 1 de enero de 2007 después de que la ciudadanía criticara duramente el sistema por las injusticias cometidas en algunos de los fallos.

Hu afirmó que el TPS anuló aquellas sentencias de muerte relacionadas con casos en los que no había pruebas suficientes, se habían cometido fallos procesales o se había dictado una pena «inadecuada».

«Debemos asegurarnos de que se hace un uso acertado de la pena de muerte y de que no hay errores en el veredicto para respetar y proteger los derechos de los condenados «, añadió el funcionario.

El vicepresidente del TPS, Zhang Jun, ordenó recientemente a los departamentos judiciales que sólo dicten pena de muerte para los autores de los crímenes más «atroces».

El tribunal también ha ampliado el número de tribunales criminales de dos a cinco para poder examinar más detenidamente todas las penas capitales y ha ordenado que todos los casos que puedan terminar en pena de muerte se expongan en una vista en la que puedan estar presentes todos los acusados, según Hu.

Alrededor del 90 por ciento de las penas de muerte están vinculadas a crímenes graves como homicidios intencionados, violaciones, lesiones graves, robos, secuestros o tráfico de drogas, dijo Hu.

El pasado mes de agosto, la Asamblea Popular Nacional (APN, máxima legislatura) aprobó una enmienda a la Ley Criminal por la que se elimina la posibilidad de dictar pena de muerte contra aquellos que hayan cometido crímenes económicos y sin violencia clasificados en 13 categorías.

Hu explicó que el TPS «apoya firmemente» este cambio en la legislación porque supone «una señal positiva acerca del estricto control ejercido sobre la imposición de la pena de muerte».

Sin embargo, los jueces del TPS todavía deben enfrentarse a desafíos como el posible uso de la tortura por parte de las autoridades policiales y los bajos estándares que definen la actividad de algunos jueces de las zonas rurales.

Uno de los casos más famosos de confesión forzada fue el de Zhao Zuohai, que fue puesto en libertad a principios de mayo tras permanecer 11 años en prisión después de que reapareciera el hombre al que supuestamente había asesinado. Este agricultor de Henan aseguró que la policía le torturó para que se declarara culpable.

Zhao Bingzhi, jefe del comité de investigación sobre ley criminal de la Asociación de Derecho de China, afirmó que es esencial que el TPS clasifique y resuma los casos en los que se han anulado sentencias de muerte para que los tribunales inferiores los utilicen como guía.

«El tribunal no sólo deberá examinar las pruebas sino establecer reglas para definir más claramente los crímenes por los que se puede imponer la pena de muerte, garantizando así el uso apropiado de este tipo de condena», destacó Zhao.