Una nueva ley podría permitir a los ciudadanos chinos presentar denuncias contra el gobierno

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"Es una gran deficiencia que la actual regulación sobre litigios no permita a los ciudadanos presentar demandas contra documentos regulatorios y decisiones del gobierno que ejercen a menudo un impacto constante y amplio sobre la gente", afirma Wang Xixin, profesor de Derecho en la Universidad de Pekín.


(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – Los ciudadanos chinos podrían tener pronto la capacidad de impugnar aquellos elementos de la legislación administrativa que consideren irrazonables, una posibilidad actualmente excluida del ámbito de las audiencias y cuya introducción supone un intento de estrechar la relación entre los funcionarios públicos y los ciudadanos.

Wang Xixin, profesor de Derecho en la Universidad de Pekín e investigador-colaborador de la máxima legislatura china, citado por el rotativo ‘China Daily’, afirma que los departamentos gubernamentales han comenzado a redactar el borrador de la enmienda a la Ley de Litigios Administrativos, que con mucha probabilidad incluirá algunas regulaciones del gobierno como la planificación urbana bajo el ámbito de las audiencias judiciales.

“Es una gran deficiencia que la actual regulación sobre litigios no permita a los ciudadanos presentar demandas contra documentos regulatorios, decisiones gubernamentales y otras regulaciones, ya que dichas decisiones del gobierno ejercen a menudo un impacto constante y amplio sobre la gente con infricción de los derechos civiles si no están redactadas correctamente”, afirma Wang.

Wang ha participado en seminarios celebrados por diferentes departamentos gubernamentales para pedir la opinión de varios expertos sobre la revisión, incluyendo personalidades del Tribunal Supremo Popular y la Sociedad de Derecho de China.

“Además de ello, el gobierno chino debe hacer honor a las promesas que hizo en el Protocolo de Acceso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, cuando China se comprometió a establecer un cuerpo judicial imparcial e independiente para revisar todas las acciones administrativas relacionadas con la OMC”, dijo.

La Ley de Litigios Administrativos de China, que entró en vigor en 1990, estipula que las acciones administrativas sujetas a audiencias judiciales deben ser “acciones concretas”, como las sanciones administrativas, la interferencia con las operaciones empresariales y la violación de derechos personales o de propiedad intelectual. Dichas audiencias, que se llevan a cabo en los tribunales locales, no se permiten cuando implican cuestiones de defensa nacional o relaciones exteriores, regulaciones administrativas y los nombramientos, recompensas y castigos a funcionarios.

En un caso reciente, un tribunal local de la municipalidad de Chongqing rechazó la petición presentada por una mujer que intentó archivar un caso contra un documento gubernamental relativo a la compensación por un terreno expropiado en la ciudad. “El documento gubernamental, que tiene un efecto obligatorio universal, no está sujeto a audiencia judicial, según la actual Ley de Litigios Administrativos”, sentenció el tribunal en un veredicto administrativo publicado en la web del abogado demandante, Lin Wencai.

Lin, un abogado administrativo de renombre, afirmó en ‘China Daily’ que los casos de gente que denuncian al gobierno están en aumento, debido al rápido desarrollo social y económico que ha incrementado los encontronazos entre la ciudadanía y los funcionarios. No obstante, Lin admite que los límites impuestos por la ley de litigios hacen imposible la resolución de muchos de esos casos.

“A veces tengo que gestionar más de 20 casos en sólo un mes, pero la mayoría tienen que dirimirse por mediación y no por los tribunales”, cuenta el abogado, quien añade que la mediación se ha convertido en la herramienta más útil para reducir los conflictos entre los funcionarios y los ciudadanos.

Un funcionario de la Comisión Nacional de Asuntos Legislativos de la Asamblea Popular Nacional (APN) afirmó anónimamente en ‘China Daily’ que debido a la complejidad del asunto, los legisladores probablemente no podrán estudiar la enmienda antes del año próximo.