China está convencida de que el mundo confirmará el modelo chino de jurisdicción

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El objetivo de la reforma de sistema legal reside en garantizar la observación unificada y correcta de las leyes bajo el marco de la Constitución del Estado.


El responsable de la oficina del grupo directivo de reforma de sistema legal del comité central del Partido Comunista de China (PCCh), Jiang Wei, dijo este jueves ante reporteros nacionales y extranjeros que él está convencido de que el mundo confirmará el modelo chino de la conformación del sistema legal:

“Con el desarrollo profundizado de la reforma del sistema legal de China, hay que preparar un plan completo de tope para guiar esta reforma.”

Este responsable dijo que el objetivo de la reforma de sistema legal reside en garantizar la observación unificada y correcta de las leyes bajo el marco de la Constitución del Estado:

“Cuando elaboramos el proyecto de la reforma, también debemos realizar investigaciones y estudios simultáneos de las leyes que necesiten ser modificadas.”

De acuerdo con el plan de reforma legal, cuyo texto completo se ha publicado el martes pasado, China sopesará establecer tribunales y fiscalías con jurisdicciones que abarquen diferentes regiones administrativas.

La medida ayudará a eliminar las interferencias en los casos judiciales y a garantizar la independencia de los tribunales y los fiscales.

El nuevo plan de reforma legal fue aprobado la semana pasada en la cuarta sesión plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).

El número de casos judiciales que afectan a diferentes regiones administrativas y la cantidad de dinero involucrado en estos casos ha ido en aumento en China con el desarrollo de la economía de mercado socialista y la aparición de las demandas administrativas.

Como resultado, los funcionarios locales han prestado cada vez más atención a este tipo de casos y algunos incluso se han aprovechado de sus puestos para entrometerse en casos particulares dentro de su jurisdicción.

Tal fenómeno es perjudicial para proteger por igual los derechos de las partes de otras regiones administrativas, garantizar la independencia de los tribunales, supervisar que el gobierno administra según la ley y la salvaguardia de la aplicación justa de las leyes.

El establecimiento de tribunales y fiscalías por encima de los límites de las regiones administrativas ayudará a “crear un patrón en el cual los casos ordinarios sean tratados en los tribunales dentro de la región administrativa y los casos especiales, en los tribunales con jurisdicciones que abarcan diferentes regiones administrativas”.

Por otra parte, según la decisión tomada en la sesión clave del Partido Comunista de China (PCCh), el Tribunal Popular Supremo de China establecerá tribunales de circuito destinados a los principales casos administrativos, civiles y comerciales en los que estén involucradas diferentes regiones administrativas.

La decisión sobre los principales asuntos relativos a la promoción integral del Estado de derecho fue aprobada la semana pasada durante la cuarta sesión plenaria del XVIII Comité Central del PCCh.

La medida facilitará la presentación pública de pleitos de comunidades locales y ayudará a resolver conflictos a nivel local.

Además, permitirá que las oficinas centrales del Tribunal Popular Supremo se centren en las políticas judiciales y procesen los casos importantes con un profundo significado como guía para unificar la aplicación de la ley.

Conforme al plan de reforma legal, China está considerando permitir que los fiscales emprendan litigios de interés público.

Si se pone en práctica, el plan optimizará las funciones judiciales, mejorará los pleitos administrativos y promoverá la administración de acuerdo con la ley.

Los ciudadanos, las corporaciones y otras organizaciones no pueden emprender pleitos de interés público contra algunos órganos administrativos por abuso de poder o no cumplir las obligaciones, ya que no se considera que tengan intereses directos.

Tales casos podrían incluir la protección de los activos estatales, la transferencia de los derechos del uso de la tierra de propiedad estatal y la protección del medio ambiente y los recursos.

La restricción en las causas de interés público “ha provocado una carencia de supervisión judicial efectiva sobre los actos administrativos ilegales y es perjudicial para la promoción de la administración de acuerdo con la ley y la mejor protección de los intereses públicos”.