Excepcionalmente, en un breve lapso de tiempo, el Comité Central del PCCh elegido en el XIX Congreso de octubre pasado, celebró dos plenos consecutivos. El primero, los días 18 y 19 de enero; el segundo, los días 26 a 28 de febrero. En el primero acordó, entre otros, proponer una nueva modificación constitucional en las sesiones que la Asamblea Popular Nacional llevará a cabo a partir del próximo 5 de marzo. Su objetivo es la inclusión en el texto de menciones expresas a la observación del “pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era”. La primera Constitución china fue promulgada en 1954. En 1982 se adoptó la actual, modificada en cuatro ocasiones: 1988, 1993, 1999 y 2004.

La decisión anunciada era previsible tras la celebración del XIX Congreso en atención a los cánones comunes en la política china como también al ritmo de consagración de sus parámetros políticos que en tiempo de Xi Jinping parecen evolucionar  a mayor ritmo de lo habitual. El xiísmo tomaría así carta de naturaleza no solo en los Estatutos del Partido sino también en la propia Constitución china. En paralelo, el PCCh subraya la importancia de la Constitución en la gobernación del Estado y la adhesión unánime al Estado de derecho.

Esta modificación constitucional se da, paradójicamente, en circunstancias de extrema repartidirización del sistema político y del conjunto del Estado. Recuérdese que el año se inició en China con el cambio de dependencia de la Policía Armada Popular, ahora bajo el mando, como el Ejército, del Comité Central del PCCh y no del Consejo de Estado. La modificación constitucional propuesta no es ajena a dicho proceso de afirmación del PCCh sobre todo lo demás.

Con dicha alteración, cualquier cuestionamiento del xiísmo afectará no solo a los militantes del PCCh que lo han adoptado en su XIX Congreso como guía de la “nueva era” de la reforma, sino que todos los ciudadanos se verán obligados a no ignorarlo, porque “nadie está por encima de la Constitución”. El PCCh subraya que cualquier acto contra la Constitución se tratará de acuerdo con la ley.

Puede que la enmienda represente esa oportunidad esgrimida para avanzar en la gobernanza basada en la ley. Y es loable que la Constitución evolucione con los tiempos. También lo es que el PCCh haga lo propio. Ahora veremos cómo los diputados aprobarán esta modificación sin ponerle pegas. Nadie lo dude. China es un país que puede presumir de cohesión. Tampoco es imaginable que alguien reclame una consulta popular para dirimir si el conjunto de la población está o no de acuerdo con que el xiísmo, patrimonio teórico del PCCh, se convierta en la ideología guía de toda la sociedad china. Aunque un recurso plebiscitario podría dotar de mayor legitimidad formal una decisión de esta naturaleza y supondría realmente una innovación acorde con los tiempos.

¿Ganará o perderá la Constitución china con esta modificación? Pese a los esfuerzos del PCCh por enaltecer su valor, lo cierto es que, a efectos reales, no sería exagerado decir que pesan más en la política china sus Estatutos que la propia Constitución, de igual forma que la significación real del secretario general del PCCh es infinitamente mayor que la del presidente del país (que ahora coinciden en la misma persona aunque no siempre ha sido así). Es más, en el proceso de reforma en curso, más que reforzarla, puede debilitarla al insinuar una mera réplica de su ideario en función de su incuestionable posición hegemónica en el sistema.

Todo es correcto formalmente. Los trámites se observan y la ley se respeta. Pero así las cosas, sin duda torticeramente, alguien podría pensar que nos hallamos ante un gran simulacro del estado de derecho que tiende a confundir el simple ritual con el imperio de la norma, un concepto que va más allá de la mera constitucionalización de un ideario partidario, cualquiera que este sea.

Nueva comisión estatal contra la corrupción

El segundo pleno del Comité Central del PCCh, convocado por sorpresa y a escasos días de la apertura de las sesiones anuales del macroparlamento chino, completó las decisiones del primero eliminando el límite de dos mandatos para el desempeño del Presidente y vicepresidente de la República, una medida que no pocos habían vaticinado a la vista de la composición del Comité Permanente del Buró Político resultante del XIX Congreso y que ofrecía una evidencia rotunda: no había sucesores a la vista. Xi no esperó a dejar avanzar siquiera mínimamente su segundo mandato para finiquitar  cualquier esperanza de sus hipotéticos rivales que ya habrían iniciado la cuenta atrás en sus relojes.

Las razones oficialmente esgrimidas para alterar la norma de los dos mandatos apuntan a lo gigantesco y desafiante de la tarea encarada por el PCCh y Xi Jinping, ya sea en el frente económico (cambio en el modelo de desarrollo), la política exterior (la Ruta de la Seda) o la política interna (lucha contra la corrupción). Especialmente en este último aspecto, cabe tener en cuenta que otra de las modificaciones constitucionales afectará a la institucionalización de la nueva Comisión de Supervisión que fusionará las funciones del Ministerio de Supervisión del Consejo de Estado, la Oficina Nacional de Prevención de la Corrupción y los departamentos pertinentes de la Fiscalía Popular Suprema con la Comisión Central de Control Disciplinario. Tendrá una amplia jurisdicción sobre todo el personal que ejerza funciones públicas, incluidos los miembros del PCCh. Y será, así se anuncia, la punta de lanza principal de una nueva ofensiva que esta vez podría afectar al entorno más próximo de Jiang Zemin, jefe del PCCh entre 1989 y 2002 y blanco de todas las acusaciones. Tan titánico cometido sería imposible de abordar en solo dos mandatos exigiendo más tiempo de lo habitual para evitar cambios de trayectoria en el curso del país como consecuencia de un cambio en el liderazgo.

Pero la decisión se toma en un contexto de creciente culto a la personalidad de la figura de Xi y de proscripción de toda crítica y expresión de pluralidad no ya social sino interna, en las propias filas del PCCh, lo que hace difícil distinguir entre la razón efectiva, argumentada en función de las singularidades históricas y culturales del país, y la simple justificación.

La voluntad de Xi de romper con la tradición establecida desde 1982 y de centralizar el poder bajo su mando tomando el control de una gama inusualmente amplia de funciones políticas, económicas y de otro tipo supone una ruptura con las últimas décadas de liderazgo colectivo. La política china, que podía vanagloriarse de haber certificado una respetable institucionalidad durante las cuatro décadas de reforma, pierde certeza y se adentra por los extraños recovecos de la exaltación de la lealtad a quien, a este paso, acabará siendo bautizado, a buen seguro, como el Gran Líder, visionario donde los haya y solo él capaz de conducir a China por la senda que debe llevarle a la cima del poder mundial en el siglo XXI.

El viejo debate sobre la separación entre el Estado y el Partido se ha visto eclipsado más que nunca mientras, paradójicamente, se insiste en la mejora de la gobernanza mediante una Constitución hecha a medida de sus imperativos ideológicos y necesidades políticas. La capacidad –y la voluntad- para reflejar un mínimo de pluralidad se ha disipado al completo mientras la mínima reserva se equipara a crítica indebida.

Magisterio o cargos

China se encuentra en una etapa crucial de su proceso de modernización. Los éxitos alcanzados desde finales de los años ochenta se basaron en una política de apertura y flexibilidad que aun discurriendo a diferente velocidad también afectó a lo político. La ambición plasmada en los objetivos cifrados por el PCCh para esta última fase puede derivar en decisiones temerarias que agudicen las contradicciones en vez de  ayudar a superarlas en base a principios y criterios democráticos. La experiencia histórica del maoísmo nos ilustra de los riesgos de tal proceder.

Para demostrar su poder, Deng Xiaoping no necesitó exhibir cargo alguno. Su autoridad devenía de su magisterio. Tanta insistencia en colmar de títulos y poderes a Xi así como el hipotético regreso del país a una era de permanencia vitalicia en los cargos, nos retrotrae a épocas cuyo retorno creíamos harto improbable. Pero ahí están de nuevo.