China se apresta a celebrar la entrada en el Nuevo Año Lunar. Pasada las alegrías de la fiesta, aguarda el juicio de mayor relevancia política de los últimos tiempos. El tribunal correspondiente espera la indicación oportuna para abrir el juicio oral que, a priori y vista la celeridad que les caracteriza, debiera concluir antes de la apertura de las sesiones legislativas de marzo, acomodando así el calendario judicial a las exigencias de la agenda política.  

Bo Xilai, ya ex miembro del PCCh, se apresta a vivir así un segundo juicio. El primero se desarrolló en el marco de la disciplina del Partido a través de la investigación llevada a cabo por la Comisión Disciplinaria y que concluyó con un dictamen de expulsión sancionado por el máximo órgano del PCCh. Solo cuando se sustanció el expediente interno, la causa de Bo fue transferida a las autoridades judiciales ordinarias para dilucidar la tipología de los delitos de que se le acusa e imponer la correspondiente pena.

El caso Bo Xilai pone así de manifiesto nuevamente la singularidad del proceso disciplinario y judicial que afecta a los miembros del PCCh con la particularidad de que éste se arroga un fuero especial para su militancia, confiriendo a su órgano de control la capacidad primera y principal para investigar y establecer los fundamentos esenciales de la acusación.

Aunque las invocaciones al Estado de Derecho son cada día más frecuentes en China, este privilegiado proceder, que establece una desigualdad fáctica entre ciudadanos miembros y no miembros del PCCh, no está en cuestión. ¿Es más ciega que ninguna otra la justicia interna del PCCh? ¿O, por el contrario, su primacía sobre los tribunales ordinarios responde a la necesidad de ponderar otras claves que van más allá de lo previsto en la legislación común? ¿Es ese apartamiento de la justicia ordinaria una garantía para un tratamiento más objetivo de la causa o logra preservar de mejor modo el derecho del acusado a la defensa? El sistema así concebido se basa en un clamoroso desequilibrio que confiere al PCCh un fuero propio, manipulable a su antojo al margen de la ley ordinaria. Dicho fuero interno, en realidad, es la piedra de toque que explica que muchos agentes públicos se consideren al margen e incluso por encima de la ley, comportándose como usufructuarios de un status especial.

Por otra parte, la filosofía penal del régimen volatiliza cualquier atisbo de posible independencia judicial. Ningún tribunal osará contrariar la “instrucción” llevada a cabo por los órganos disciplinarios del PCCh ni tampoco imponer una pena que contradiga los parámetros señalados por el Buró Político. Sin una elección independiente de los jueces difícilmente podrá imaginarse una justicia independiente, como tampoco con el mantenimiento de las células del partido en las instancias judiciales, de las comisiones políticas que prejuzgan las causas, etc., confirmándonos que el sistema judicial está enteramente controlado por el partido y el servicio a sus intereses se configura en norma primordial, por encima del espíritu y la letra de las normas legales vigentes, con independencia de sus lagunas, largamente inaplicadas.

Si el PCCh se orienta, como aseguran los nuevos dirigentes en sus discursos, a definir un patrón más ambicioso que equilibre el poder con regulaciones y mecanismos que eviten sus excesos y abusos, bien haría en anticiparse activando propuestas eficaces para independizar la justicia y poner fin a esta primacía fáctica del fuero interno.

En los años de Hu Jintao, que ahora llegan a su fin, se creó una Agencia estatal anticorrupción, complementaria de la comisión disciplinaria del PCCh. Pero poco se ha sabido de ella hasta ahora. El auténtico poder sigue residiendo en las estructuras partidarias, sin lograr despejar la sombra de motivaciones políticas en muchos de sus procedimientos, afectos a guerras internas que señalan a unos y eximen otros aun cuando pueda decirse que las sospechas de corrupción pesen sobre la casi totalidad de los miembros de la oligarquía. La novedad en cualquier caso radica en que la presión cívica, haciendo uso de las redes sociales, está tomando la iniciativa, obligando al PCCh a ir a remolque en numerosas ocasiones, reduciendo su capacidad para discriminar conveniencias en un asunto en el que debiera primar la igualdad y la transparencia más absoluta.   

Frente al unívoco rigor que preside el tratamiento de los delitos políticos o de opinión, bajo el recurrente pretexto de atentar contra la seguridad pública, la coherencia, que debiera basarse en la observación escrupulosa de la constitucionalidad de los procedimientos, brilla por su ausencia.

Tal estado de cosas parece insostenible y si las elites chinas ansían sinceramente avanzar por la senda del estado de derecho, debieran tomar buena nota de la reactividad de la propia sociedad. Esta exige reducir la distancia que separa las intenciones y la realidad, aquejada en numerosos casos de injustificables desvíos, pero igualmente ponerse en camino para asegurar una auténtica independencia de la justicia, sin la cual el derecho queda reducido a una quimera.