¿El Partido de la armonía?

In Análisis, Sistema políticoby PSTBS12378sxedeOPCH

El Partido Comunista de China (PCCh), afronta un nuevo Congreso, el XVII, a celebrar en el último cuatrimestre del presente año. En un país de 1.300 millones de habitantes y de la importancia económica de China, el tercero del mundo dimensión territorial, con un sistema político que gira en torno a las vicisitudes de una exclusiva formación, por más que se insista en la existencia de hasta ocho partidos legales, es evidente el peso y la trascendencia de sus Congresos. Pero, a mayores, en este caso, convergen, entre otros, algunos factores de interés adicional.

El contexto general en que se celebrará el XVII Congreso del PCCh viene marcado por el ecuador del mandato de Hu Jintao, su secretario general, presidente del Estado y de la Comisión Militar Central. En el lustro transcurrido desde su elección, Hu, al igual que sus antecesores, se ha preocupado mucho de conformar su propia base de poder. No lo tenía nada fácil. Su antecesor, Jiang Zemin, designado en el fragor de los sucesos de Tiananmen, ha disfrutado de un mandato largo (1989-2002), casi tres lustros que se ha resistido a finiquitar, que le han permitido afincar sólidamente los tentáculos del llamado clan de Shanghai. Hu, especialmente en el último año, ha liderado un intenso proceso interno de laminación de la base de Jiang Zemin, ejemplificada en la caída del secretario del Partido en Shanghai, Chen Liangyu, pero con múltiples episodios similares a lo largo y ancho del país, que ha combinado sabiamente con una campaña de exaltación de las aportaciones políticas y discursivas del propio Jiang.

Dos han sido las piezas articuladas por Hu para afirmar su poder interno: un régimen de incompatibilidades más severo y la lucha contra la corrupción. En los últimos meses, ha seguido muy de cerca el proceso de elección/nominación de los nuevos responsables partidarios a todos los niveles, estableciendo severos límites formales con un rígido sistema de incompatibilidades, a fin de instar una renovación de las estructuras internas que le permitiera introducir a sus partidarios en mayor grado en todas las instancias del Partido. En paralelo, e inseparablemente de este proceso, la lucha contra la corrupción ha abierto los huecos necesarios no solo para relegitimar social y nuevamente el Partido y su capacidad para evidenciar su compromiso ético ante la sociedad sino igualmente para facilitar la promoción de nuevas lealtades.

A finales de abril último, por ejemplo, el gobierno central aprobó una nueva regulación que sanciona con la pérdida de empleo los comportamientos inmorales o ilegales de los funcionarios. La normativa, que entrará en vigor el 1 de junio, incluye sanciones para supuestos de concubinato, consumo de drogas, prostitución, la participación en sesiones de carácter supersticioso, o el abandono o trato vejatorio de familiares, etc. Se trata con ello de elevar el estándar ético de los funcionarios y consolidar la posición referencial del PCCh. En plena cruzada contra un nuevo boom demográfico, también se ha anunciado la expulsión automática del Partido de quienes tengan más hijos que los permitidos por la ley. El 10 de mayo se inició una campaña para avergonzar públicamente a los funcionarios que hayan incurrido en negligencia en el cumplimiento del deber y por abuso de poder. Por este motivo, entre enero de 2003 y marzo de 2007, se ha procesado a 18.200 funcionarios. Los medios de comunicación, rígidamente controlados, se han convertido en los principales aliados en esta estrategia, en un ardid que, paradójicamente, intenta reflotar su credibilidad con esas muestras de independencia dirigida.

La lucha contra los actos ilegales de los funcionarios estatales o partidarios incluye una intensa campaña contra las bandas criminales, lucha que se encuentra en una fase “crucial”, según expresión de Zhou Yongkang, ministro de seguridad pública. Esta campaña presta especial atención a las complicidades administrativas locales con las bandas criminales que les protegen.

Todo ello asocia el mandato de Hu con un acentuado proceso de moralización de la vida pública de rancio sabor confuciano, destinado a evidenciar la firmeza del combate a esa corrupción que tanto daña la credibilidad política del PCCh, dosificando las medidas de transparencia en función de las propias necesidades partidarias y sus intereses, y excluyendo cualquier atisbo de pluralidad efectiva que incida en una transformación democratizadora de las relaciones entre poder y sociedad. Hu Jintao, en reiteradas ocasiones, por activa y por pasiva, ha rechazado cualquier tipo de evolución que pudiera derivar en una transformación política del sistema y, a raíz de las denuncias de corrupción del entorno presidencial de Chen Shui-bian, en Taiwán, los medios de comunicación continentales han prestado una considerable cobertura a dichos sucesos resaltando sus negativas repercusiones y la relativa fragilidad y poca efectividad de la respuesta político-institucional a dichas irregularidades. En suma, el PCCh no admite la tibieza, sancionadora y procedimental, de la democracia taiwanesa, y puede vanagloriarse de una capacidad resolutiva mucho mayor.

Esa estrategia moralizadora de Hu Jintao, que tuvo su momento álgido doctrinal con la formulación de “los ocho honores y deshonores” en la primavera de 2006, incluye una política de “apertura” del PCCh respecto a otras formaciones políticas, entidades sociales y personalidades independientes.

A finales de abril último, la Asamblea Popular Nacional (APN) formuló varios nombramientos de nuevos titulares en el Consejo de Estado. Wan Gang se ha convertido en el primer independiente en varias décadas en el gobierno chino, y desempeñará la cartera de Ciencia y Tecnología. El hecho se produce después de que Hu Jintao reclamase una participación más activa de los demás partidos en las labores de gobierno a todos los niveles (coparticipando y no compitiendo, claro está). En paralelo, se exige que los comités provinciales del PCCh escuchen las opiniones de los partidos no comunistas antes de la publicación de la lista oficial de delegados a elegir para el XVII Congreso. Y en la reciente sesión anual de la APN (marzo de 2007), los documentos esenciales han sido discutidos con un nivel de “apertura” antes nunca vista.

Además, fueron nombrados Yang Jiechi, ministro de asuntos exteriores; Su Shaoshi, en el ministerio de Tierras y Recursos Naturales; y Chen Lei, en el ministerio de Recursos Hídricos.

La lucha contra la corrupción y estos nombramientos son inseparables de la principal palabra de orden de Hu: la armonía. Se trata de recuperar el equilibrio con la sociedad, pero también en el orden de la gestión de aquellos asuntos (tecnología, medio ambiente, medio rural, relaciones exteriores) donde más se ha evidenciado en los últimos años una quiebra de confianza en la gestión del PCCh, quien pretende erigirse como firme baluarte de una bondad constructiva y reparadora de los frentes de conflicto, tanto interno como exterior.

Después de la formulación del “nuevo campo socialista” (en marzo de 2006) y la reciente aprobación de la legislación de los derechos reales (en marzo de 2007), ahora le tocará el turno a la nueva normativa laboral que, previsiblemente, incidirá en la satisfacción de nuevas y más garantías de todo tipo a un colectivo que ha sido intensamente descuidado en las décadas transcurridas de la reforma. Las desigualdades en materia de ingresos y la conculcación de los derechos más elementales han generado profundos abismos sociales que ahora se trataría de corregir, restableciendo, otra vez, la armonía que debe presidir las relaciones sociales en el mundo laboral, base irrenunciable de la estabilidad del propio sistema.

 

Camino del XVII Congreso del PCCh

Actualmente se desarrollan varios procesos electivos en China: de los delegados al XVII Congreso del PCCh, de los comités del partido y de las asambleas populares. Para el Congreso deben elegirse 2.220 delegados antes de finalizar el mes de junio en cada una de las 38 unidades electorales. Según las normas dictadas por el departamento de organización el pasado noviembre, un 70% de los delegados deben ser cuadros dirigentes y superiores y el 30% debe proceder de la base. Mujeres, nacionalidades minoritarias, obreros, campesinos, profesionales, etc., todos disponen de cupos de representación fijados en detalle.

Los delegados elegidos mantendrán esa condición durante los próximos cinco años, es decir, hasta la celebración del próximo Congreso, constituyéndose en depositarios de la máxima autoridad del Partido y, podría decirse también, del país. Son los delegados quienes eligen el Comité Central y la Comisión de Disciplina. Al Comité Central le corresponde la elección del Buró Político, el Comité Permanente y el Secretario General. Por último, el Secretario designa a los integrantes del Secretariado y de la Comisión Militar Central, que deben ser ratificados por el Comité Central.

El proceso de elección de delegados se desarrolla en cinco etapas: la presentación de propuestas de candidatos, el examen de las candidaturas, la publicación de las candidaturas aceptadas, la presentación de las candidaturas aceptadas y, por último, la votación. Se deben presentar un 15% más de candidatos a elegir.

Sobre estos delegados recaerá la responsabilidad de definir el futuro inmediato de China y su experimento de reforma, cuando esta se aproxima ya a momentos decisivos en que los caminos se bifurcan y aumentan las presiones, internas y externas, para mantener o variar el rumbo iniciado en 1978.

Tres son las principales tensiones a las que deberá hacer frente. En primer lugar, en el plano interno, la materialización del nuevo modelo de desarrollo, poniendo el acento en las nuevas tecnologías, la valorización del medio ambiente o la superación de las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales. Haciendo valer el interés general por encima de las ambiciones sectoriales o regionales, la cohesión y coherencia del proceso de modernización impondrán su propio ritmo, pero ello generará no pocas tensiones, especialmente en el orden territorial, que, a falta de un marco institucional claro, se resolverán en un delicado pugilato político que podría traducirse en una singular y controvertida recentralización de políticas.

China ha reducido sus zonas de desarrollo económico de 6.866 en 2003 a 1.568 a finales de 2006, y el área total ha descendido de 38.600 a 9.949 km2. El Consejo de Estado ha prohibido la construcción de nuevas zonas e impuesto restricciones en la construcción de determinadas plantas, y suprimiendo zonas ubicadas en áreas sensibles ambientalmente. La razón fundamental consiste en reaccionar ante la ocupación de demasiada tierra de cultivo y proteger los intereses de los campesinos. Se trata de medidas razonables pero que pondrán a prueba la capacidad del sistema para digerir las nuevas pautas de desarrollo sin afectar al ritmo de crecimiento (el PIB de China creció un 11,1% en el primer trimestre de 2007), indispensable para garantizar la propia estabilidad social.

En segundo lugar, la nueva política central debe gestionar igualmente las demandas de participación de los sectores sociales emergentes, conservando, al mismo tiempo, el control efectivo de los mecanismos que le garanticen el ejercicio incuestionable de su autoridad. No solo se trata del manejo de las palancas represivas del régimen, claramente situadas bajo su mando, sino, sobre todo, de la reformulación de las relaciones con el mundo económico-empresarial. El auge y la regulación de la propiedad privada plantean al PCCh la disyuntiva entre liberalización y control de la propia economía. A través de la teoría de las tres representaciones, se ha admitido el ingreso de los empresarios en el PCCh, pero esa cooptación no es suficiente. La pérdida de una base económica propia significará, más tarde o más temprano, la pérdida del poder real, quedando a expensas de los dictados de los grupos de poder influyentes. El debate acerca de la identidad partidaria (vanguardia de la clase obrera o interclasismo) es el paradigma principal del segundo mandato de Hu Jintao. Por otra parte, la sostenibilidad de una estructura económica y política cada vez más alejadas entre sí, plantea serios retos para la estabilidad futura del sistema.

En el plano exterior, China debe gestionar su emergencia disipando los temores que suscita. Su diplomacia, ciertamente muy activa en los últimos años, se mueve en un delicado equilibrio entre su vocación doctrinalmente beneficiosa y la insistencia en la búsqueda de un modelo propio, no homologado, que atienda a sus singularidades ideológicas y civilizatorias, pero que despierta inquietudes y temores, sean o no justificados. Las tensiones comerciales y en materia estratégica o de seguridad con algunos de sus socios principales (Estados Unidos y Japón) probablemente se acentuarán en los próximos años en un contexto en el cual también debe manejar las consecuencias de su eclosión en el entorno regional (Asia meridional, oriental, Pacífico Sur, sudeste asiático) y mundial (con África y América Latina como principales referencias calientes).

No obstante, EEUU será la relación determinante. En 2010 puede convertirse en la tercera economía del planeta (y superar incluso a EEUU en cuanto a volumen de comercio exterior). Salvo imponderables de fuerza mayor (crisis grave con Taiwán si fracasa la tercera cooperación iniciada con el KMT), su gigantismo económico, a pesar de los riesgos, está fuera de toda duda, pero no así su perfil político-estratégico. Las presiones internas y externas se acentuarán para lograr el máximo de claridad y compromiso posible, habida cuenta que el proceso actual se orienta a reafirmar el rumbo elegido, una vía propia que toma nota de la interdependencia del desarrollo pero que apuesta de forma decidida por la salvaguarda de la propia soberanía nacional.

El salto a la política del proceso de reforma estará en manos del próximo XVII Congreso del PCCh. Sobre sus delegados y dirigentes recaerá la responsabilidad del rumbo de la reforma china. En octubre de 2006, en una sesión del Comité Central, Hu Jintao aseguró que la reforma política se abordará a partir de 2020. La personalidad del sucesor de Hu Jintao y su compromiso con la permanencia de la singularidad del proceso auspiciado por Deng Xiaoping podrían ser claves para la conformación de la identidad de China como un polo de poder en el siglo XXI.