El último Pleno del Comité central del Partido Comunista Chino (PCC) celebrado en octubre en Pekín, se consagró a un tema clave: la mejora de la “gobernanza” del país conforme a la “Ley”. Y con un objetivo político: seguir avanzando hacia “un Estado de Derecho con características chinas”, sin cuestionar el poder del PCC liderado por Xi Jimping  ¿Pero es posible un Estado de Derecho en China?

 China desarrolló un extraordinario proceso de modernización e internacionalización para integrarse en la economía global. Deng XiaoPing enfatizó en 1979 la necesidad de “una legalidad socialista” e impulso los cambios del sistema jurídico chino con una gradual recepción de normas legislativas de matriz occidental. Tras los convulsos tiempos de Mao, se produjo en China “un retorno al Derecho”. Unas reformas jurídicas para enmarcar las económicas, aceleradas en 2001 tras entrar en la Organización Mundial de Comercio. Estar en la OMC obligó a ajustar las políticas económicas para potenciar al comercio exterior y las inversiones extranjeras. El mercado exige seguridad jurídica. Se reformó el derecho chino de los negocios. Pero falta un marco que garantice una mayor transparencia en la interpretación y la aplicación del Derecho por parte de los Poderes Públicos, entre ellos el poder judicial.

 A los ojos occidentales, el “retorno al Derecho” en China no se tradujo aún en “un Estado de Derecho”. Un concepto que los Poderes chinos entienden de forma distinta que en Occidente. También otras nociones como las de democracia, división de poderes y sociedad civil no tuvieron el mismo significado en la historia y cultura chinas. El PCC insiste que la recepción de las instituciones jurídicas occidentales debe adaptarse a “las características chinas”. La cuestión de fondo: en China se da una interacción y confusión entre el Estado y el PCC. Las “Leyes” aún no representan una limitación precisa para el Estado-Partido. Son un mero instrumento para asegurar el orden político y económico vigente. Es el crecimiento económico el que legitima el liderazgo político de un Régimen que afirma priorizar los derechos colectivos sobre los individuales. Sin embargo, han crecido las desigualdades territoriales y sociales en el país.

 China ha realizado una exitosa transición desde una economía planificada a una economía socialista de mercado, desde una sociedad rural a otra urbana, desde la autarquía a la Globalización. Ha librado de la pobreza a millones de chinos. En el ámbito político, el Régimen busca una vía específica para canalizar la participación política y social conforme la tradición cultural confuciana pero sin cuestionar el liderazgo del PCC. Corregirá los desequilibrios del modelo económico pero no prevé abrir y menos “occidentalizar” el sistema político.

 El anterior Pleno del Comité central del PCC celebrado en 2013, acordó una agenda económica y social para duplicar para 2020 la renta per cápita, unos 7.500 $, de una población ansiosa de consumir en el mayor mercado interior del mundo. Anunció que “las fuerzas del mercado” jugarán un papel decisivo en la asignación de recursos al sistema económico y que se impulsará la iniciativa privada. Las empresas públicas, muchas ineficientes, deben reestructurarse para ser más competitivas. Los cambios también afectan a sectores clave como los mercados de capitales.

Pero no será fácil liberalizar más la economía china mientras el PCC actúe, sin oposición o contrapesos políticos, como árbitro único a la hora de legislar, aplicar e interpretar las reglas de juego. China debe frenar los excesos de las elites político-económicas y de las grandes empresas estatales que controlan, en detrimento del sector privado, el mercado interno y el comercio exterior chinos.

 Pero el Régimen sigue reacio a profundizar en las reformas políticas. Evita poner en tela de juicio el poder y la legitimidad de un Estado-Partido que pretende seguir controlando la sociedad china, cada vez más urbana y abierta al mundo. Xi Jinping está reforzando el poder centralizado del PCC y el suyo en especial. Converge en sus manos la presidencia de la República, la secretaria general del PCC y el mando supremo del Ejército. Y controla los nuevos comités centralizados constituidos para reformar la economía, la seguridad del Estado, el Ejército e Internet. Jamás un líder chino, desde Mao, concentró tanto poder en sus manos.

 Xi Jinping impulsará el rol de la “Ley” para mejorar la “gobernanza” del Estado. Pero para consolidar un Estado de Derecho socialista con características chinas. Reforzará el principio del imperio de la Ley para “imperar” con la Ley. Proseguirá unas campañas contra la corrupción que también le sirven para desplazar sus adversarios políticos dentro del PCC. No a las reformas de raíz occidental tendentes a una división de poderes. Proseguirá una interesada “confusión” de poderes.

 Xi Jinping en su primer viaje a Europa dejó las cosas claras. El 1 de abril reafirmó en el Colegio de Europa en Brujas que, en base a su historia y condiciones sociales, China no debía copiar un sistema político importado del extranjero porque no convenía e incluso podría entrañar consecuencias perjudiciales para el devenir del país.

 En definitiva: más reformas económicas, más dosis de capitalismo sin una plena apertura política. Se constata en la firme posición de Pekín sobre la evolución del status político de Hong-Kong a cuyos ciudadanos se limita el derecho a decidir democráticamente. La modernización económica seguirá la senda de la larga marcha reformista iniciada en 1978 por Deng Xiaoping. Pero 36 años después, la modernización política aún se hace esperar. La quinta generación de dirigentes chinos liderada por Xi Jinping y Li Keqiang, se siente fuerte para proseguir su vía específica alejada de los cánones democráticos occidentales. Pekín observa la crisis económica, pero también política, de un Occidente que predica unos valores democráticos que no siempre practica.