Hu y las nuevas aristocracias

In Análisis, Sistema políticoby PSTBS12378sxedeOPCH

¿Cuál es el verdadero debate? ¿Corrupción o moralidad? Todo el mundo es consciente en China de que la corrupción es uno de los engranajes clave que permiten el funcionamiento del sistema.

Hoy hay mucha corrupción en China, probablemente más de la que existía en 1989, cuando los estudiantes se amotinaron en Tiananmen, abriendo paso al ascenso de Jiang Zemin, quien en sus casi tres lustros de ejercicio en el poder dio forma al más poderoso clan, el de Shanghai. Pero ese, con ser importante, no es el debate central del momento.

La corrupción, ese magma que aflora en el cese de Chen Liangyu, jefe del Partido en Shanghai, es el espejo en el que se reflejan otras tensiones mucho más profundas e importantes. Unas apuntan al pasado, y otras al futuro. Las primeras nos remontan al nacimiento de la propia China, cuando Qin Shihuan, el primer emperador, promovió la burocracia para dar un giro a la conformación de las lealtades. El problema del poder central era siempre el mismo: como eliminar los linajes locales, a las aristocracias que siempre ansiaban controlarlo todo y que podían destruír el Estado en beneficio de sus intereses de grupo. La burocracia potenciaba la lealtad al Estado y evitaba la aparición de aristocracias locales con recursos suficientes para desafiar el poder central. En las manifestaciones de hoy de corrupción y abuso de poder, Beijing se enfrenta a un problema similar que afecta a la arquitectura política e institucional del poder chino.

El segundo aspecto afecta a la burocracia y su futuro. Si convenimos en que el PCCh actual es una especie de actualización de aquella burocracia, resulta esencial salvaguardar su moralidad y eficiencia, virtudes que constituyen autenticos pilares de la estabilidad social. El discurso puede sonar a antiguo, pero no lo es tanto si nos atenemos a los mensajes habituales de Hu Jintao, quien pone el énfasis en la prosperidad común, la armonía, o en un código de conducta (los ocho honores y deshonores) más propio de la tradición confuciana que de la moral comunista.

Con el cese de Chen Liangyu en Shanghai o las sanciones a los dirigentes de Mongolia interior y mil medidas más adoptadas en los últimos meses, con inclusión de advertencias de riesgo de descontrol del proceso de reforma y sesiones de encuentro entre autoridades centrales y territoriales, Hu quiere someter a los linajes locales, a los clanes o nuevas aristocracias, reforzando su base de poder y el papel del PCCh, sin más lealtad de sus 70,8 millones de militantes que la debida a las propias estructuras internas y no a los nuevos grupos de presión que han emergido como consecuencia de la reforma y que cada día son más poderosos, tanto que, pedazo a pedazo, podrían “comprar” el Partido.

La dificultad estriba en que la estructura social está cambiando. En un país donde 85 millones de personas no saben leer,  otros 150 millones, el 11,5% de la población, están instalados en el sector privado, gestionan el equivalente a 1 billón de euros y pagan un tercio de los impuestos. La estructura empresarial también: poco más de la mitad de las grandes empresas industriales son empresas estatales y de propiedad colectiva, con tendencia a la baja. Por eso, el PCCh, aunque lo intenta, tiene cada vez más dificultades para controlar el poder, antes, político o económico, totalmente concentrado en sus manos y hoy más diversificado. Una hipotética alianza entre linajes y poderes económicos locales podría transformar de raíz la política china.

Ya se hable de los desequilibrios territoriales, de las desigualdades sociales o de Taiwán, Hu ha centrado el país en los asuntos clave. La lucha contra la corrupción, que cuenta con la simpatía –y el escepticismo- social, es parte de ese programa  y trasciende, con mucho, a cualquier política de moralización de la vida pública.