El pasado 28 de septiembre, en paralelo al esperado anuncio de la fecha de apertura del XVIII Congreso del PCCh, las autoridades chinas dieron a conocer la expulsión de Bo Xilai del PCCh y de todo cargo público, siendo entregado a las autoridades judiciales ordinarias para su procesamiento, desprovisto ya formalmente de cualquier amparo partidario. La citada sanción de expulsión debe ser ratificada por el pleno del Comité Central que debe celebrarse en los días previos a la apertura del décimo octavo congreso.

La nota oficial alude a una reunión del Buró Político (BP) del PCCh donde fue aprobado un informe de la Comisión Central de Control Disciplinario en el cual se recogen las “severas violaciones disciplinarias” de Bo Xilai. Recuérdese que este había sido suspendido de militancia nada más finalizar las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional, el pasado marzo.

El primer dato llamativo de la información oficial es que no solo nos remite al papel de Bo en los casos ya resueltos de su mano derecha, Wang Lijun, y su propia esposa, Bogu Kailai (aunque en ninguna de las dos sentencias se incluye mención alguna a Bo), sino que también abarca la práctica totalidad de su carrera política. Así, “las investigaciones desvelan que violó gravemente la disciplina del Partido cuando estaba al frente de la ciudad de Dalian, como gobernador en Liaoning, como ministro de comercio, así como en el ejercicio de las máximas responsabilidades en Chongqing”. Por otra parte, la retahíla de acusaciones, verdaderamente inusual, no es baladí: abuso de poder, errores severos, aceptación de sobornos, relaciones sexuales impropias, favoritismo, “otros crímenes”…

La misma nota oficial resalta que la decisión se adopta con base en los Estatutos del PCCh y en la ley, reivindicando el estricto comportamiento exigido por el PCCh a sus miembros, poniendo a Bo Xilai como ejemplo negativo para toda la militancia y señalando su expediente como expresión de la sinceridad de la lucha contra la corrupción, clave para reforzar su concepción de la gobernanza.

En una segunda versión ampliada de la nota oficial se enfatiza esa consideración de la ley como guía en la lucha contra la corrupción, aplicada sin piedad y “sin importar quienes estén involucrados en ella o qué tan grande sea su poder”. De esta forma, se pretende desterrar cualquier interpretación que aluda a hipotéticos ajustes de cuentas internos utilizando la corrupción como argumento. Además, el despacho se completa con las conjuras al uso: las loas al socialismo con peculiaridades chinas de Deng Xiaoping, a la triple representatividad de Jiang Zemin y al desarrollo científico de Hu Jintao, la trilogía conceptual que caracteriza el actual frontispicio ideológico del PCCh y que advierte de la preservación del consenso en la dirección del partido y del país.

El proceder en este caso de Bo Xilai ofrece matices importantes con respecto a otros similares vividos años atrás como el de Chen Liangyu, jefe del PCCh en Shanghái cesado en 2007, o Chen Xitong, su homónimo en Beijing una década antes, en primer lugar, por ese exhaustivo listado de acusaciones que podría detallarse con mayor amplitud en cuanto se dilucide el proceso criminal. Esta mayor transparencia, sin duda siempre saludable y ojalá que extensible a otras situaciones, responde a la clara necesidad de desacreditar su persona, su conducta, y su ideario, condimentada inmediatamente con aseveraciones del tipo “los cuadros y los ciudadanos apoyan la decisión del Partido en el caso Bo Xilai”, desautorizando aquella versión popular que acostumbra remitir lo sucedido a las rivalidades políticas en la cumbre del poder.

La resolución condenatoria no solo se basa en el papel de Bo en el affaire Wang Lijun-Gu Kailai, sino sorprendentemente en el juzgamiento de toda su carrera política, en un gesto que sin duda pretende reiterar la condena de aquel estilo de conducta asociado a la quiebra del consenso para prosperar y a un populismo que en su fondo y forma trae el recuerdo de la Revolución Cultural. Toda una advertencia.

Así entendida, la nota y su contexto podrían revelar una mayor fortaleza interna de las posiciones de Hu Jintao y Wen Jiabao de cara al 18 Congreso, aunque esto no quiere decir ni mucho menos que lo tengan ganado, como reveló igualmente la defenestración de Ling Jihua, responsable del secretariado del Comité Central y afín al propio Hu.

Guerras intestinas aparte, el problema de fondo es que el énfasis puesto en la lucha contra la corrupción, uno de los caballos de batalla de Hu, no están consiguiendo resolver el problema central, la progresiva quiebra de la relación del Partido con una sociedad que revela síntomas de inaudita madurez, cada día más exigente con el poder, obligándole a mover ficha si no quiere verse superado por las circunstancias e inmerso de lleno en los próximos años en luchas fratricidas y una inestabilidad galopante.