Las jaulas de la corrupción

In Análisis, Sistema político by PSTBS12378sxedeOPCH

En su primer año al frente del PCCh, Xi Jinping, al igual que otros mandatarios anteriores, ha enfatizado la lucha contra la corrupción como una de las claves simbólicas de su mandato. La novedad, no obstante, radica en la energía aplicada y en un contexto que sugiere un conjunto más amplio de medidas para recuperar la credibilidad pública. No se puede negar que muchas han sido las iniciativas adoptadas en esta materia relacionadas tanto con la persecución de casos concretos (contra “tigres” y “moscas”) como de emisión de directrices para erradicar del proceder público actuaciones relacionadas con el despilfarro, la extravagancia o los privilegios. Cabe destacar también el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD), la apertura de líneas de colaboración de la sociedad y el cambio de atmosfera en la percepción social de un fenómeno que como los propios dirigentes han reconocido representa una lacra suicida para el PCCh.

 Desde el Ba xiang gui ding de Wang Qishang a las nuevas reglas (26 puntos) dictadas recientemente sobre recepciones oficiales, muy detalladas, va un largo tramo de estandarización permanente de los atributos y beneficios de los funcionarios a diversos niveles y el catálogo de acciones excluidas de ser financiadas con cargo al erario público, lo cual configura un entorno que puede facilitar la prevención.  

 Ahora bien, la clave última de la sinceridad de esta enésima campaña política contra la corrupción no reside en su balance final en forma de investigados y condenados, ahorro público generado o avances normativos que estipulen con mayor claridad qué es y qué no es corrupción, sino igualmente en la voluntad expresada para introducir medidas estructurales irreversibles que alejen la sospecha de la utilización de la corrupción como mecanismo para consolidar los nuevos nombres del poder.

 Las claves principales son dos: control y transparencia. Cabe celebrar la nueva energía de la CCCD y las campañas de sus inspectores, pero hoy se hacen y mañana se deshacen. Al control administrativo habría que sumar el control judicial y sociopolítico. En estos dos ámbitos, la creación de fiscalías anticorrupción totalmente independientes, sin más compromiso que el respeto a la ley (por encima del PCCh) y cuyos miembros observen una independencia escrupulosa (por ejemplo, sin militancias partidarias), es una cuestión clave.

 Por otra parte, el control sociopolítico tiene dos soportes esenciales. En lo social, más allá de las denuncias a través de los cauces oficiales abiertos, se ha demostrado la capacidad de las redes sociales para señalar episodios de flagrante corrupción que han obligado al poder a reaccionar, en muchos casos de forma expeditiva y ejemplar. Pero dichos cauces podrían completarse con el reforzamiento del control político ejercido a través de los foros de participación institucional y fundamentalmente de carácter legislativo. Esto requeriría un nuevo enfoque de la labor parlamentaria, alejada del control de la acción del gobierno. Los demás partidos políticos legales en China, hoy sumidos en la subalternidad más absoluta, podrían tener aquí un papel.

 La cuestión de la transparencia es vital. De poco vale airear las diversas gesticulaciones en este orden si luego constatamos la existencia de zonas claramente opacas, especialmente en cuanto atañe a los principales dirigentes y sus entornos familiares. La transparencia en cuanto a los bienes y actividades de todos los funcionarios públicos, empezando por el propio secretario general del PCCh, debiera ser la norma y no la excepción. Por otra parte, el papel de los medios de comunicación en la investigación y denuncia de estos casos debiera potenciarse. Al igual que en su día se liberalizó la información relativa a los desastres, podría ser este un dominio a promocionar.

 Atajar la corrupción no es ni mucho menos fácil (se sabe mucho de ello en España donde a pesar de contar con muchos resortes formales como los aquí citados, en la práctica, un halo de impunidad protege a la vergonzante casta que reúne a políticos, banqueros y familiares llegando la cochambre hasta la propia Jefatura del Estado). Se requiere una firme voluntad política, iniciativas audaces y una gran persistencia. Como se ha demostrado, lo menos efectivo son las grandes penas, incluida la capital. Lo que mejor puede resultar es el fomento activo del control social, la habilitación de estructuras especializadas e independientes que puedan desarrollar su labor y la dotación de un cuerpo normativo que evite la impunidad. La corrupción es terrorismo social.