Los actuales desafíos de Xi Jinping

In Análisis, Sistema político by PSTBS12378sxedeOPCH

El Partido Comunista de China es hoy el segundo partido político que más años lleva en el poder a nivel mundial. Más precisamente, lleva casi 65 años en el gobierno de China. Ello nos lleva a pensar cuál es su situación, circunstancia que no genera acuerdo entre los sinólogos, ya que las opiniones varían entre la declinación, la adaptación a las circunstancias y el fortalecimiento.

 Para arribar a tan dispares percepciones, hay diversos factores intervinientes: si se consideran que las propias fuentes oficiales reconocen la realización de 200 mil manifestaciones de protesta ciudadana en China, puede pensarse que el PCCh se encuentra en plena declinación. No obstante, si se consideran el traspaso de poder a la quinta generación de liderazgo, el crecimiento del PIB a más del 7% desde la crisis del 2008/2009, el prestigio internacional alcanzado por el país, etc., puede inferirse que el PCCh está fortalecido. Mi punto de vista sobre la situación en la que se encuentra el partido gobernante en China es la adaptación a las circunstancias, para evitar el estancamiento, la osificación y el resultante colapso.

 Para ello, acude a diversas herramientas: desde la micropolítica, el régimen autoritario emplea nuevos medios para hacer frente a los nuevos desafíos, tales como el control del internet y de las ONGs que bregan por los derechos civiles. Asimismo, desde la macropolítica, se apelan a nuevas metas (entronizadas en slogans) para generar cohesión: “reforma política”, “Estado de derecho”, “democracia consultiva”, “reforma basada en los valores tradicionales”, etc.

 El mandato de Hu Jintao, entre los años 2002 y 2012, promovió la “construcción de una sociedad armoniosa”(hexie shehui), la cual nos hizo preguntar si el PCCh recuperaba el legado confuciano (que cuarenta años atrás la Revolución Cultural había buscado aplastar) y -de ser así- cuáles serían las consecuencias de la irrupción de los valores tradicionales en un partido que había hecho la revolución contra el “antiguo orden”.

 El actual mandato de Xi Jinping, comenzado a fines del 2012 (y con una posible duración hasta principios del 2023), propone una “reforma política”, que principalmente se basa en lo que en Occidente se ha traducido como “Estado de derecho” (yifa zhiguo -literalmente “gobierno basado en la ley”-).

 Las iniciativas de Hu y de Xi buscarían brindar respuesta a demandas de la sociedad, lo cual sería muestra de su interés por adaptarse a las circunstancias. Esta virtud política es fruto del pragmatismo que caracteriza la cultura política china, el que no significa carencia de valores, sino dejar atrás todo tipo de lastre ideológico y prestar atención a las señales que emite la sociedad.

 El estilo que alienta a la cuarta y quinta generación de liderazgo, fue precisado por el actual Vicepresidente Li Yuanchao: en septiembre de este año, al recibir un grupo de sinólogos que participaba de un seminario internacional sobre el rumbo de la reforma en China, Li expresó “la fórmula del partido es aprender de la realidad”. Asimismo, Li agregó: “observamos que tras más de 60 años en el poder, algunos cuadros se han alejado del pueblo… como nuestro mandato proviene de satisfacer las necesidades de la población, nuestra legitimidad se reforzará al combatir la corrupción”.

 En este contexto, cobra sentido la actual campaña en contra de la corrupción lanzada por el presidente Xi Jinping, dirigida “contra las moscas y los tigres” (haciendo referencia a que caerá toda clase de corruptos). Desde que se lanzó esta campaña en diciembre de 2012, fueron denunciados unos 52 mil casos de violación de la disciplina partidaria, que involucraron a 68 mil funcionarios. Entre los acusados figuran el ex Ministro de Seguridad Pública, el ex vicepresidente de la Comisión Militar Central y el secretario general del PC en Guangzhou. En la tercera semana de octubre del corriente año, en el marco de la cuarta Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh, se lanzó la construcción del “gobierno basado en la ley”, como piedra angular de la reforma política.

 Lo que es también destacable en la impronta del presidente Xi es su adhesión a los valores tradicionales chinos. Su campaña a favor del Estado de derecho se asemeja a los postulados del Legismo, escuela de pensamiento que surgió y se enraizó entre los siglos III y II AC. Según la misma, la ley es “la base del funcionamiento del Estado” y “la principal salvaguarda contra las prácticas que desafían la autoridad”.

 Es dable señalar que el Legismo fue la primera corriente filosófica que se opuso al Confucianismo,  porque rechazó gobernar mediante el ejercicio de la virtud, el respeto a las costumbres y la práctica de los ritos. La escuela legalista propuso sustituir la costumbre por la ley escrita y construir un Estado orgánico y normativo. Esta diferencia en los medios para desarrollar el buen gobierno, también se plasma en los fines: para el Confucianismo fue la “armonía social”, mientras que para el Legismo fue el “orden social”.

 A la luz de lo antedicho, se evidencia que lo que en China hoy se entiende como “reforma política” es algo distinto de lo que se conoce en Occidente. En China no se habla de adoptar una democracia liberal, sino de construir un Estado a partir de un cuerpo normativo que contribuya con asegurar la estabilidad interna.

 No obstante, desde el punto de vista de la propia cultura política de China, la impronta de Xi Jinping resulta revolucionaria, porque en ese país, ya sea en la época imperial, como en la republicana y la comunista, ha predominado el gobierno de los hombres por encima del gobierno de la ley.

 Un elemento central de la iniciativa de Xi Jinping es la reforma de la justicia, debido a que la misma hoy está más subordinada al Partido que a la Constitución. El Cuarto Plenario del XVIII Comité Central estableció dar más poder a los jueces; restar injerencia a las autoridades políticas en la designación de los jueces y las decisiones de los tribunales; promover que los legisladores, jueces y fiscales tengan formación jurídica; etc.

 Sin embargo, resultaría contradictorio con todo lo antedicho la afirmación en el documento emanado del Plenario sobre que “el Estado de Derecho socialista debe mantener el liderazgo del Partido”. Esta aseveración plantea el interrogante sobre cuán profunda es la convicción de someter el gobierno del PCCh a la norma. ¿Estamos frente a la mera búsqueda de reforzar el control del sistema de Partido único? Una respuesta a este interrogante puede provenir de analizar la circunstancia histórica en que esta reforma política es planteada.

 En la actualidad, China se encuentra en una encrucijada: la bonanza material y el progreso educativo tras más de 35 años de reforma y apertura económica exitosa, han generado una sociedad civil que presenta nuevas demandas. Recientemente, el Subdirector de la Oficina de Investigación Documental del Comité Central, expresó “la reforma necesita un nuevo comienzo, porque la sociedad ha madurado y hay nuevas demandas por satisfacer”.

 Por lo tanto, la implementación de una reforma política que realmente ponga en marcha el gobierno basado en la ley es un imperativo, dadas (1) la inexistencia de un Estado constitucional moderno en China y (2) la necesidad que tiene el PCCh de legitimar su mandato.

 Incluso, la reforma política tiene implicancias económicas, lo cual no es un dato menor en el país cuya economía ostenta el segundo puesto mundial en cuanto a generación de riqueza: un sistema político que brinde derechos y garantías a sus ciudadanos también se va a beneficiar en materia de innovación, lo cual contribuye a su vez con el incremento de la productividad.

 Precisamente, los economistas discuten el riesgo que corre China de caer en la llamada “trampa del ingreso medio”, el cual se sortea avanzando en la cadena de valor por medio de la innovación. En otras palabras, China necesita dejar atrás la economía de procesamiento y ensamblaje que la ha caracterizado en estos más de 30 años, en donde la mayoría de los bienes que se producen o ensamblan son de propiedad intelectual extranjera. En consecuencia, para dar el salto adelante hacia una economía creativa e inventiva, resulta central garantizar los derechos de los ciudadanos.

 Debido a que el clientelismo y el faccionalismo han caracterizado la vida política durante los 65 años de existencia de la República Popular, la reforma política en ciernes seguramente va a afectar el funcionamiento del partido gobernante. Ante esta transformación, las preguntas que resultan son, ¿el PCCh se sumergirá en el caos, como sucedió en la Unión Soviética con la puesta en marcha de la Perestroika y la Glasnost? o ¿el PCCh atravesará con éxito este nuevo desafío, fruto de su capacidad de adaptación a las circunstancias?

 Los próximos meses serán testigos de los efectos de la reforma política en China, durante los cuales podremos comprobar si la iniciativa del presidente Xi (1)  provocará inestabilidad en la clase dirigente a partir de la erosión de los intereses del establishment, (2) resultará en la fundación de un Estado de derecho moderno, o (3) implicará la reedición del Legismo, para el cual había más normas que obedecer que derechos que garantizar (lo cual terminará fortaleciendo el monopolio del poder del PCCh).