En China se prepara un nuevo impulso a la liberalización en el medio rural. Se trata de un episodio clave de la reforma, dada su relevancia demográfica, económica, social y política. De una parte, es continuidad de otras iniciativas que han intentado, en los últimos años, sacudir de su letargo el dinamismo campesino que protagonizó el primer lustro del cambio impulsado por Deng Xiaoping. Hu Jintao, el actual presidente, ha eliminado el impuesto agrícola y alentado numerosas inversiones de corte social para facilitar el aumento de los ingresos de los campesinos y construir las bases de un nuevo desarrollo. En paralelo, ahora se pretende profundizar en el sistema de gestión y explotación de la tierra, lo que pudiera afectar al régimen de propiedad. Como es sabido, la protección jurídica de la propiedad privada ha experimentado una considerable evolución en los últimos años, culminando en la aprobación, en marzo de 2007, de la ley que la regula. No obstante, su aplicación en el medio rural es harto limitada ya que no afecta al bien esencial, que sigue siendo de titularidad pública.

En 1949, el PCCh nacionalizó la tierra, situación que, en términos generales, permanece hasta hoy día. Sin embargo, al inicio de la política de reforma y apertura (1978) se promovió un sistema de explotación en el campo basado en el contrato de responsabilidad con base en la familia, a quien se cedía el derecho de uso y explotación por un tiempo limitado. Las sucesivas reformas que en China se han impulsado desde los años 80 han llevado a la propia Constitución el concepto de propiedad privada en 2004 (artículo 13). El texto aprobado en 2007 desarrolla la citada previsión constitucional después de varios lustros de lucha ideológica encarnizada en torno a esta cuestión. La clave que ha permitido avanzar en esta dirección se justifica en el estimulo de la riqueza, el desarrollo de la economía y la estabilidad social. Intelectuales con cierto apoyo en el seno del propio PCCh y responsables comunistas jubilados han contestado este discurso asegurando que supone una traición al ideal socialista, legaliza las apropiaciones ilegales y agrava las desigualdades.

Poco ha trascendido por el momento de lo debatido en el pleno de otoño de los comunistas chinos celebrado recientemente (del 9 al 12 de octubre) y consagrado a este tema. Más que una señal de debilidad del actual liderazgo, probablemente con ello se trate de calmar las seguras críticas que pudieran surgir al proyecto.  La estrategia seguida en marzo de 2007 para lograr la aprobación de la ley sobre la propiedad privada parece imponerse también ahora: entonces, el primer ministro Wen Jiabao, en su discurso de apertura, no dijo una palabra sobre dicho proyecto de ley, precisamente para reducir la capacidad de respuesta de la oposición interna.

La ley reguladora de la propiedad privada entró en vigor el 1 de octubre de 2007 y en ningún caso pone en causa la propiedad del suelo, que seguirá siendo público, insistiendo en la habilitación de derechos de uso de duración determinada que pueden ser ejercidos por personas o por empresas. En relación al campo, dicha norma postula protecciones formales contra las expropiaciones, sujetándolas al interés público (que no define aunque es el argumento preferido de las autoridades locales para facilitar el desarrollo de jugosos proyectos industriales o inmobiliarios) y con indemnización, enfatizando protecciones especiales de las tierras agrícolas a fin de limitar su transformación en superficies urbanizables en aras de preservar la seguridad alimentaria del país. El campesino expropiado debe ser indemnizado por la pérdida de sus tierras y de sus rentas, subvencionándole para facilitar su reconversión y garantizando un mínimo de protección social. La duración de los derechos de uso de los campesinos se cifra en 30 años, renovables sin interrupción. En relación a los propietarios urbanos, la ley establece un régimen diferente, limitando el tiempo (30 años frente a 70) y los derechos (no pueden ceder, alquilar o hipotecar las tierras afectadas), guardando silencio sobre los derechos de uso sobre las tierras cuando se trata de actividades industriales o comerciales.

La ley fue un guiño a la clase media urbana pero siguió alimentando el resentimiento de los olvidados por el crecimiento, los campesinos. Se estima que en los últimos años unos 40 millones de campesinos se han visto afectados por las expropiaciones. Unas 200.000 hectáreas anuales de superficie cultivable se han ido transformando en superficies comerciales o industriales, provocando decenas de miles de incidentes. El 65% de los conflictos en el campo tienen su origen en esta problemática, según reconoce el propio Ministerio de Interior.

Las nuevas orientaciones pueden cambiar la faz del campo chino, favoreciendo la mecanización de la agricultura y la constitución de unidades de explotación modernas, dejando atrás las pequeñas y precarias empresas familiares. La superficie media de las explotaciones agrícolas en China es de 6.000 m2, frente a las 170 hectáreas de EEUU o las 22,1 de España, por ejemplo). Esa transformación impulsará el mercado interior, el aumento del nivel de vida y una protección más efectiva de los derechos de los campesinos, dicen sus defensores, pero también un intenso proceso de urbanización y éxodo rural que a muchos preocupa igualmente por su elevado impacto y difícil manejo. El regreso de la figura de los grandes propietarios terratenientes en el campo es una perspectiva que genera no poca, y comprensible, hostilidad ideológica en un país aún gobernado por un partido que dice ser comunista. En suma, esta nueva vuelta de tuerca en el rural chino supondrá echar más tierra sobre lo poco que va quedando del maoísmo.