Si bien podría afirmarse que estos años de la reforma china (1978 en adelante) son los más estables del último siglo de la atribulada historia del gigante asiático, la fragilidad de su emergencia nos ofrece la otra cara del proceso. Todo parece pender siempre de un doble hilo: el crecimiento a gran escala de su economía y la preservación de la unidad en el seno de la primera dinastía corporativa de su historia, el Partido Comunista (PCCh). Por eso, cuando ambos factores aflojan, las alarmas se disparan. Y algo así ocurre ahora. El ritmo de crecimiento se ha moderado (7 por ciento de previsión en el presente quinquenio) en virtud de los efectos de la crisis global y de las dificultades para alumbrar un nuevo modelo de desarrollo. Por otra parte, los síntomas de división en la cúpula política coexisten con un agravamiento de las tensiones territoriales, especialmente en Tíbet y Xinjiang, y sociales. No obstante, otros factores atemperan estas dificultades: el crecimiento, pese a la baja, sigue siendo envidiable, las mayores inversiones en bienestar, la mejora de las relaciones con Taiwán, etc.

El momento presente se antoja crucial. Completar el último tramo del proceso de modernización de la segunda potencia económica del planeta exige adoptar decisiones de alcance. Pero el consenso interno se ha resquebrajado. Tras la reciente purga de Bo Xilai, secretario del PCCh en Chongqing, las posibilidades de dar pasos atrás son remotas. No obstante, la pugna entre conservadores y reformistas aboca a la necesidad de fraguar un nuevo equilibrio sobre la base de redefinir los espacios de lo público y lo privado y la concreción de una agenda para la democratización. Si en lo primero, pese a lo controvertido de los cambios que supondría en los principales sectores estratégicos hoy bajo control del Estado-Partido, puede llegarse a un acuerdo entre las diferentes facciones, no es tan fácil en lo segundo, donde encontramos concepciones enfrentadas en cuanto a la preservación del liderazgo del PCCh, para unos cada vez más asociado a una virtutocracia de signo confuciano y para otros ligado al irrenunciable control del núcleo duro del poder (ejército y base económica).

El XVIII Congreso del PCCh, a celebrar en otoño próximo, encara los dilemas de esa profunda renovación de la agenda de la reforma y apertura china con el añadido de una activísima movilización de los diferentes clanes y grupos de interés en una batalla en la que también la sociedad, por primera vez en la historia china ya más urbana que rural, no quiere ser  mera espectadora ni dejarse instrumentar por los intereses de unos y otros como antaño.

El PCCh se esforzará al máximo por evitar un escenario de división interna y consensuar una dirección y una orientación política que aleje el peligro de la inestabilidad. Una vez más, el nacionalismo puede poner sordina a la disyuntiva de acelerar el cambio o moderar el paso en tanto se acomete la profunda renovación del liderazgo, articulado en esta ocasión sin la sombra vigilante y respetada de ningún líder legendario.

No cabe menospreciar las habilidades de los dirigentes chinos, ciertamente acostumbrados a lidiar con escenarios complejos, pero tampoco deben infravalorarse los riesgos de un descarrilamiento del proceso si la gestión del presente atolladero de la reforma no se salda adecuadamente. El agitado fantasma de la Revolución Cultural refuerza las invocaciones al consenso pero puede resultar insuficiente de no acompañarse de propuestas creíbles que reafirmen al PCCh como motor de las transformaciones en el país.