La pena de muerte no garantiza la seguridad alimentaria

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Un aviso conjunto publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Popular Supremo, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Popular Suprema, envía una clara advertencia de que los delitos de seguridad alimentaria conllevarán sanciones rigurosas, que incluyen la pena capital. (Por Wang Di)


“Quienes merezcan la pena de muerte deberán ser condenados de manera inequívoca,” afirma la agencia Xinhua, citando el comunicado.


Según la ley china, los delitos de seguridad alimentaria pueden ser penados con condena a muerte. Por lo tanto, el aviso no cambia la naturaleza de la ley, pero sí puede afectar las decisiones tomadas por las cortes. Al parecer, con la confirmación del contenido de la legislación, las autoridades desean hacer más evidente la noción de que castigos más severos generarán un mercado más seguro para los alimentos.



Sin embargo, experiencias previas en China sugieren que la pena de muerte no detiene los delitos vinculados a la seguridad de los alimentos. Mejor solución seria establecer un seguimiento más abarcador para la seguridad alimentaria, el control adecuado sobre la aplicación de la ley por parte de los gobiernos locales y el énfasis en la prevención del crimen, en lugar de hacer hincapié en el castigo.



En 2008, los escándalos realcionados con la leche en polvo contaminada con melamina enfurecieron al público, pues por tal causa se produjeron la muerte de seis bebés y la enfermedad de centenares de miles de otros niños. Por ello se condenó a muerte a dos personas, mientras que otras tres, incluyendo el ejecutivo de la compañía láctea, fueron condenados a cadena perpetua.



Su duro castigo no detuvo, sin embargo, la repetición de incidentes similares. Las exposiciones esporádicas a leche en polvo contaminada con melamina siguió afectando al público después del escándalo de 2008. El caso más reciente ocurrió en Qinghai, donde se confiscaron toneladas de leche contaminada y se arrestaron a varias personas.



En estos últimos años, los escándalos de seguridad alimentaria se han ajustado a un mismo molde: Las quejas de los consumidores circulan en línea o entre medios informativos regionales, tras lo cual estalla una protesta social, hasta que al final el Gobierno central investiga y se definen ciertas responsabilidades. Tal parece que la justicia sólo se puede alcanzar a expensas de la seguridad del consumidor.



Por lo tanto, las inspecciones rutinarias son una manera importante de salvaguardar la seguridad pública en la práctica. Sin embargo, la supervisión inadecuada e ineficaz actual, derivada de defectos en el sistema, conduce directamente a fallas en la seguridad de los alimentos.



Actualmente, hay todo un conglomerado de departamentos funcionales en los gobiernos locales, como son las oficinas industriales y comerciales, las oficinas de supervisión de la calidad y de la salud, que desempeñan un papel en la supervisión de la seguridad de los alimentos. La carencia de una autoridad unificada para este fin conduce a menudo a que la burocracia se interponga en la búsqueda de soluciones.



A menudo, los gobiernos locales exhiben una arraigada tendencia a proteger a las personas y firmas del sector alimentario local, porque contribuyen grandemente a los ingresos fiscales. Ello expolica el por qué durante épocas de crisis, los gobiernos locales se muestran renuentes a lidiar con publicidad desfavorable. Con frecuencia procuran protegerse ellos mismos, lo que equivale a proteger las firmas mediante el ocultamiento de la verdad. Pueblo en Línea

17/09/2010