El pasado 29 de Junio se firmó en Chongqing el Acuerdo Marco de Cooperación Económica (AMCE) entre Beijing y Taipei. El 1 de julio fue aprobado por el gabinete taiwanés, quien lo presentó de inmediato al Yuan legislativo para su deliberación y ratificación, requisito indispensable para la entrada en vigor, prevista para el primero de enero del año próximo. Pudiera pensarse que, tras la firma, habida cuenta que el KMT cuenta con mayoría holgada en la Asamblea de Taiwán, lo peor habría pasado. Pero la simple aplicación del “rodillo” parlamentario pudiera complicarse. 

Proceder artículo por artículo o revisar en bloque sin entrar en el contenido, ha sido el primer debate entre los diputados oficialistas y de la oposición. La primera intención del gabinete consiste en lograr su ratificación antes de que finalice el mes de agosto. A pesar de contar con la mayoría necesaria, las tensiones han amenazado con obstruir el trámite, tanto en relación al procedimiento a adoptar como al debate acerca de su contenido. El 8 de julio, una reunión informal convocada para debatir los procedimientos de deliberación del acuerdo, considerado por la oposición como una “conspiración estratégica”, acabó en una abierta refriega con varios diputados heridos. Dos días después de la caótica sesión, los diputados de la oposición decidían boicotear los trabajos. En agosto, Ma Ying-jeou accedió a las exigencias de la oposición de abordar el debate artículo por artículo, una reivindicación que la oposición justifica en el trámite seguido ante acuerdos similares (TLCs con Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras).  

El gobierno insiste en que el acuerdo marca una nueva era en los intercambios bilaterales y que acelerará la transformación de Taiwán en un centro global de innovación y comercial, evitando la marginación y facilitando la firma de acuerdos similares con otros socios comerciales. El reforzamiento de la interdependencia entre la isla y el continente puede hacer peligrar el sistema democrático taiwanés, dice la oposición. Ambas posiciones parecen inamovibles, si bien han aparecido algunos matices. La alcaldesa de Kaohsiung, perteneciente al PDP, se ha desmarcado de su partido al anunciar un apoyo condicionado al AMCE, en relación a aquellas medidas que resulten favorables para los agricultores y pescadores. Las elecciones municipales están al caer.  

Las encuestas de opinión revelan un aumento del apoyo social al AMCE, superior al 60 por ciento. También ha beneficiado la imagen de Ma, con un apoyo del 46,8% en julio. Las expectativas de crecimiento de la economía taiwanesa en 2010 se cifran en 6,89%, según fuentes de la Academia Sinica, superior al 4,73 por ciento de diciembre pasado, un alza que se atribuye a los efectos del acuerdo.  

China asegura que permitirá a Taiwán firmar ahora TLCs con países terceros con quienes no mantenga relaciones diplomáticas siempre y cuando no busque expandir su espacio político durante el proceso de negociación de dichos acuerdos. Singapur, sexto mayor socio comercial de Taiwán, será el primero. Vietnam e Indonesia podrían ser los siguientes. Por otra parte, Taipei podría dar un impulso definitivo al Acuerdo Marco de Cooperación e Inversiones con EEUU. 

El paso dado en las relaciones económicas y comerciales entre la isla y el continente, ha abierto expectativas en otros dominios más complejos. A finales de julio, las autoridades continentales hicieron saber su disposición a discutir las cuestiones relacionadas con la seguridad militar y el fortalecimiento de la confianza mutua en el Estrecho, asociando los avances en esta materia a que las discusiones se aborden en el marco del respeto común al principio de “Una sola China”. Los asuntos militares, aparcados hasta ahora, inician pues su inclusión en la agenda bilateral. Desde Taipei se reclama como primera medida la eliminación de los misiles que apuntan a la isla.  

El ofrecimiento de retirada de los misiles simboliza la posible apertura de una nueva fase en la política de aproximación. Asociar este hecho al debate del principio de “una sola China” resulta problemático ya que su interpretación no es unánime, tal y como se reflejó en el llamado “consenso de 1992”, reivindicado por Taipei como base para dicho acercamiento. El primer ministro taiwanés, Wu Den-yi, declaró que Beijing debe aceptar el hecho de que Taiwán es un país soberano. Además, ha invitado a las autoridades del continente a derogar la ley antisecesión aprobada en 2005.  

La inminencia de nuevos procesos electorales en la isla y la natural complejidad de los problemas políticos y de seguridad sugieren un segundo tiempo, esta vez más lento, en la gestión del acercamiento entre ambas orillas, sin perjuicio de que en lo económico y comercial todo pueda seguir su curso sin apenas contratiempos.