La semana próxima, el Comité Permanente de la APN, el parlamento chino, cerrará el debate acerca de los métodos de elección del Jefe Ejecutivo (2017) y del Consejo Legislativo (2016) de Hong Kong. Su decisión se apoyará en una consulta pública celebrada entre diciembre de 2013 y mayo de 2014 a instancias del gobierno de la Región Administrativa Especial, además de la Ley Fundamental y otros instrumentos legales. El actual jefe ejecutivo, Leung Chun-ying, fue elegido en 2012 por un comité electoral ad hoc. El sufragio universal debe entrar en vigor en 2017. Con la sesión de otoño del Comité Central a las puertas y el impulso al Estado de Derecho en su agenda, Beijing no escatimará en normativa y fundamentos legales para arropar la decisión del Buró Político del PCCh, claramente ilustrada en el Libro Blanco dado a conocer el pasado junio y en el que se reafirma de forma contundente la soberanía y la autoridad de China sobre el antiguo enclave británico.
En apoyo de las tesis del gobierno central se movilizaron más de 100.000 personas el pasado domingo 17 de agosto por las calles de Hong Kong. Fue la primera vez que se llevó a cabo una movilización de estas características en un espacio público habitualmente reservado a las protestas de los críticos con el proceder del gobierno central (injerencista) y local (sumiso). El movimiento Occupy Central de desobediencia civil cataliza las exigencias cívicas de un sufragio universal sin restricciones en 2017, amenazando con desatar acciones radicales y paralizar el centro de Hong Kong. En julio movilizaron a cientos de miles de personas en apoyo de sus tesis, solo unos días después de celebrar una consulta informal en la que participaron cerca de 800.000 personas.
El 29 de diciembre de 2007, el gobierno central se comprometió a introducir diez años más tarde el sufragio universal para la elección del gobernador. Para el Consejo Legislativo no se fijó plazo, aunque progresivamente debería acoger más diputados electos libremente que designados corporativamente. El texto de la Ley Fundamental (art 45) contempla la posibilidad del sufragio universal. La APN recordaba la coletilla: “…a partir de una lista de candidatos nombrados por un comité ampliamente representativo”. Así las cosas, los hongkoneses podrían votar pero solo para elegir a aquellos candidatos que cuenten con el aval correspondiente de dicho comité.
China no quiere correr riesgos en esta fase crucial de su desarrollo y en la que los problemas político-territoriales (desde Xinjiang o Tibet a Taiwan) confirman su especial significado en la agenda política. Sus apoyos se ubican en los medios de negocios, organizaciones profesionales, sindicatos y formaciones políticas como la Alianza Democrática para el Progreso de Hong Kong o el Partido del Pueblo. Blandiendo el temor al caos, no es probable que ceda ante la petición de no interferir en la nominación de los candidatos a gobernar la RAE. Y cabe esperar contundencia con las protestas.
En realidad, vivimos las secuelas del periodo pre-1997. Si el Reino Unido de su Graciosa Majestad hubiera democratizado Hong Kong en tiempo y forma y no in extremis y de forma parcial y oportunista, más difícil sería a posteriori revertir el proceso. Rasgarse ahora las vestiduras no viene muy a cuento. Londres, y en general Occidente, carecen de autoridad moral. Lee Teng-hui, en Taiwan, lo entendió muy bien en aquel tiempo, cuando apostó por la democratización plena de la isla permitiendo que los ciudadanos eligieran directamente a su presidente (1996). Beijing reaccionó entonces de forma airada. Eso es precisamente lo que hoy impide resolver el problema de la reunificación mediante un simple acuerdo entre KMT y PCCh, ratificado a lo sumo por los respectivos parlamentos.
Pero no es solo una cuestión derivada de la negativa del gobierno central a asumir una democracia de corte occidental por temor al efecto contagio en el continente. Es también una cuestión de soberanía. Y con eso China, victimizada por las agresiones occidentales, no juega. De ahí la insistencia en las denuncias de interferencias exteriores. El 4 de abril, el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, se reunía con dos figuras opositoras (Lee Chu Ming y Anson Chan). Londres se ha puesto manos a la obra para examinar en su Parlamento las décadas transcurridas desde la retrocesión. Más razones para no ceder.
Hong Kong disfruta de mucha más autonomía que cualquier otra región autónoma continental. No obstante, con base en la fórmula “un país, dos sistemas”, el gobierno central se reserva importantes facultades y, sobre todo, trata de evitar a toda costa que su ejercicio derive en la configuración de un gobierno hostil o no proclive al “patriotismo”.
Los hongkoneses tienen, siempre han tenido, antes y después de la alternancia de soberanías, todo el derecho del mundo a disfrutar de facultades políticas plenas. Más allá de feudalidades, el eje de la discusión radica en si son posibles de alcanzar negociando con Beijing o presionando en la calle. A priori, nadie dice no querer la democracia, ni siquiera las fuerzas pro-Beijing.
El gobierno central puede permitirse ceder en las formas pero no en el contenido. Aun así, su mayor preocupación a futuro radica en que una mayoría creciente de hongkoneses asocian cada vez más la preservación de su identidad con el ejercicio democrático. Una consulta dada a conocer en abril último y conducida por el “Hong Kong Transition Project”, señalaba que hasta un 66% de los encuestados se identificaban como hongkoneses frente a un 31% que se reconocían ante todo como culturalmente chinos. Y más preocupante aun, hasta el 84% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, afirmaba no sentirse chino. Las decisiones que ahora se tomen influirán en el desarrollo de estos sentimientos de desafección.
Hay quienes confían ciegamente en que China será plenamente democrática algún día. Y es posible que la democracia sume enteros en años venideros, pero será así en tanto en cuanto las medidas democratizadoras contribuyan a reforzar el poder en plaza y no a debilitarlo. En Hong Kong y en el continente.