La nueva crisis política surgida en Mongolia Interior en las últimas semanas revela, una vez más, la extrema fragilidad de la convivencia interétnica en China. Las manifestaciones de mongoles en varias ciudades, incluyendo Hohhot, la capital, denunciando los abusos de poder de la hoy mayoría Han, derivaron muy pronto en una tabla reivindicativa de mayor envergadura que incluye el respeto a su cultura y forma de vida, la defensa del medio ambiente o la exigencia de poner coto a la impunidad.
Los hechos: el 10 de mayo, un pastor mongol era atropellado por un camión conducido por un Han que se dio a la fuga. ¿Qué transforma un presunto delito individual de denegación de auxilio en un conflicto socio-político que deja entrever la cólera cívica de la población mongola? El pastor participaba en una protesta colectiva contra la explotación abusiva de una mina de carbón que, como en tantos lugares, hacía la vida imposible, día y noche, a los residentes próximos. El camionero pasó a simbolizar la frecuente arrogancia que acompaña la conducta delictiva de los Han, confiados por la protección y amparo que le brindan las autoridades locales.
También aquí son los Han quienes más se benefician del desarrollo económico, mientras los mongoles, en franca minoría, contemplan como la sobreexplotacón de sus recursos acaba con su forma de vida tradicional y el medio ambiente. Son frecuentes las denuncias de minas ilegales que contaminan sin el más elemental control, mientras sus propietarios acosan impunemente a los residentes locales, ante la actitud cómplice de las autoridades. Esa “seguridad” con que actúan los potentados de la zona despreciando absolutamente las quejas de los residentes, muestra con toda claridad la connivencia existente entre el mundo de la empresa y la política local, campando a sus anchas por doquier, lo que les permite situarse por encima de la ley.
La respuesta de Beijing para contener la indignación ciudadana: amplio despliegue de fuerzas de seguridad e intento de calmar los ánimos identificando a los presuntos responsables, que fueron detenidos y puestos a disposición judicial en un tiempo récord. A mayores, se anuncian destituciones de responsables y la revisión de las formas de gestión de la industria extractiva y sus impactos ambientales y socio-culturales y una investigación minuciosa. Las autoridades parecen haber extraído lecciones de la crisis de Xinjiang (2009).
Mongolia Interior es una región rica en recursos naturales, entre ellos el carbón, siendo la más importante productora de dicho recurso en China (superó a Shanxi en 2010). El carbón es un bien esencial para garantizar la mayor parte de la producción de energía del país. La primera preocupación paralela de las autoridades ha sido evitar el corte en el suministro que, de producirse, tendría un grave impacto en todo el país.
La sensibilidad china a propósito de este tipo de incidentes está a flor de piel. El temor a que una pequeña chispa encienda una mecha imparable que derive en una explosión de descontento en virtud de una concatenación de malestares es evidente. Preocupa además que el hecho se produzca en una región “tranquila” (la última protesta relevante en la zona se remonta a 1981), tradicionalmente alejada de los focos de tensión habituales, principalmente Tíbet y Xinjiang. Actualmente, los mongoles, con fama de sinizados, representan en torno al 20% de los 24 millones de habitantes de la región.
El conflicto es una severa prueba para Hu Chunhua, el jefe del PCCh en la región y figura ascendente en la política china (afín a Hu Jintao, es muy probable que figure entre los miembros del Comité Permanente del Buró Político a elegir el año próximo). Pero también para el PCCh en su conjunto que no logra erradicar las expresiones de una injusticia que parece haber llegado a máximos intolerables para una ciudadanía harta de privilegios.