El gobernador de Guangdong, Huang Huahua, dijo recientemente que este año el gobierno provincial implementaría un sistema de declaración de activos, en un esfuerzo por fortalecer la

supervisión sobre los jefes del Partido y de la administración.

   Los mencionados funcionarios también estarán obligados a revelar la información relacionada con sus inmuebles, bienes matrimoniales, y los hijos que vivan en el exterior, de acuerdo con la edición de hoy del rotativo China Daily.

   Los funcionarios cuyos hijos estén residentes en otros países serán uno de los blancos principales de las medidas de supervisión, aseguró Huang.

   Las autoridades provinciales de control disciplinario recibieron en todo el año pasado 65.358 reportes relacionados con casos de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios, lo que llevó a la apertura de investigaciones y juicios en contra de 4.852 funcionarios, dijo el gobernador.

   Guangdong, el motor de las exportaciones chinas, fue objeto de especial atención por parte de los medios y el público el año pasado, cuando Chen Shaoji, quien fue el máximo asesor político de

la provincia, y Xu Zongheng, ex alcalde de la próspera ciudad de Shenzhen, fueron investigados por supuestas violaciones los reglamentos disciplinarios.

   Reportes de prensa dieron cuenta de que los dos funcionarios contarían con una gran cantidad de propiedades ilícitas.

   «(El sistema de) declaración permitirá llevar a cabo una supervisión más efectiva sobre los bienes personales de los funcionarios», sostuvo Huang.

   A comienzos de 2009, los ingresos de más de 1.000 funcionarios de la prefectura de Altay de la región autónoma uygur de Xinjiang (noroeste de China) fue hecha pública por primera vez en la historia.

   La regulación al respecto exige a todos los empleados públicos de la prefectura, a nivel de distrito y división, declarar sus posesiones una vez al año para garantizar la transparencia del gobierno.

   El gobierno central y el Comité Central del PCCh emitieron dos regulaciones, en 1995 y 2001, en las cuales se exige a los funcionarios dar a conocer sus ingresos. Sin embargo, éstas sólo cubrían los salarios y subsidios, y además no hacían necesaria la publicación de los datos ante la ciudadanía.

   Desde comienzos de este año, y como parte de una campaña anti-corrupción de la ciudad de Yinchuan, capital de la noroccidental región autónoma de la etnia hui de Ningxia, los funcionarios que sean candidatizados a promociones deberán reportar sus finanzas.

   Asimismo, las ciudades de Cixi, en la provincia de Zhejiang (este), y Liuyang y Xiangxiang, en la de Hunan (centro), también piden a sus funcionarios declarar sus bienes. Fin