La nueva ola de movilizaciones laborales en el delta del río Perlas, en la provincia de Guangdong y alrededores (Jiangxi y Hubei), de las más desarrolladas del país, pone de manifiesto las contradicciones del modelo social chino y, especialmente, el conflicto por el reparto de los costes de los ajustes del modelo de crecimiento, la demanda de una protección social más efectiva y eficaz y la propia veracidad de las nuevas proclamas chinas a favor de una gobernanza basada en el respeto a la ley.

Los actores de los conflictos se repiten. De una parte, los trabajadores migrantes, artífices del crecimiento de la economía china pero sin ver sus derechos recompensados ni se esfuerzo reconocido. De otra, los patrones de las grandes multinacionales, extranjeras en la mayor parte de los casos (grupo Yue Yen, número uno mundial del calzado deportivo y como Foxconn, de origen taiwanés). Por último, las autoridades locales, claramente posicionadas en connivencia con los empresarios eludiendo exigir el cumplimiento de la legislación laboral.

La causa de este nuevo estallido social se relaciona con las irregularidades en el pago de las cotizaciones sociales, calculadas a partir de un salario inferior al real en un porcentaje próximo al 50%. Es un viejo problema en el cual, hasta ahora, todos miraban hacia otro lado: desde los propios trabajadores a las autoridades. Los primeros, en gran medida, por la precariedad de su condición y por el hecho de que la carencia de permiso de residencia o hukou les priva del acceso a los beneficios sociales. Pero esto cambia cuando la población envejece, las condiciones de empleo se complican (las empresas promueven la mecanización masiva de sus unidades de producción) y los costes aumentan, especialmente los salariales, creciendo a una media anual superior al 10%. Los empresarios, falsificando las nóminas o retrasando los pagos sociales, encontraron el medio de mantener sus márgenes de beneficio aun cuando los costos de producción han ido aumentando para engordar la sociedad de consumo y enfrentar el aumento de la competencia con otros mercados fuera del país (con las alzas registradas a partir de 2010, los costes salariales textiles en esta zona equivalen a 5 o 6 veces los de Bangladesh o Camboya).

El conflicto pone de manifiesto la fragilidad del modelo chino de relaciones laborales, con una presencia sindical y partidaria comprometidas con la preservación de una paz social basada en el ninguneo de los derechos sociales y en la indefensión de la masa laboral, y con unas autoridades compinchadas con el fraude de los patronos. Por último, esta nueva crisis, evidencia las dificultades para la integración social de los emigrantes, cada vez mas angustiados por su futuro ya que en sus lugares de origen, a día de hoy, nadie le garantiza ni la pensión ni la seguridad social.

La primera preocupación de las autoridades locales es contener la protesta –recurriendo a la represión- y evitar que un problema laboral se convierta en un “incidente de masas” de significación política, evitando el efecto contagio que podría conducir a una nueva oleada similar a las registradas en 2010 y 2011.

Durante las décadas de la reforma, las autoridades han tomado claro partido por las empresas para satisfacer los objetivos de crecimiento, despreciando la importancia del factor social y cerrando los ojos ante la conducta de empresarios sin escrúpulos, especialmente extranjeros, a quienes se rendía pleitesía. No obstante, las nuevas generaciones de trabajadores parecen más conscientes de sus derechos y menos dispuestos a transigir con el paternalismo de patrones y autoridades, exigiendo, simplemente, el cumplimiento de las obligaciones sociales que marca la ley.

En el nuevo modelo de desarrollo proclamado por las autoridades chinas, el reparto de la riqueza debe incorporar las demandas de quienes hasta ahora han soportado en sus espaldas el mayor peso del auge de la economía china recibiendo a cambio apenas míseras garantías de una vida mejor y la ignorancia absoluta de su condición. En el nuevo modelo de desarrollo, el papel de los actores, especialmente los sindicatos y las autoridades, debe ser muy otro, poniendo fin a las tradicionales connivencias con los patronos, en perjuicio de la más elemental justicia social.