“Minzhu” (??): familiaricémonos con esta palabra porque dará mucho que hablar en los próximos años. Significa “democracia”, y siguiendo el discurso de los dirigentes chinos en el XVII Congreso del PCCh, celebrado en otoño último, será la clave de la reforma política que se impulsará en la próxima década. En las sesiones que la Asamblea Popular Nacional (APN) celebra estos días en Beijing es uno de los temas centrales, junto al bienestar social, y ocupará buena parte del tiempo de los diputados que ahora inician su mandato de un lustro, con posibilidad de renovar una sola vez.
También forma parte de la agenda de la Conferencia Consultiva Política, un órgano de consulta en el que participan las otras ocho formaciones políticas legales, colectivos independientes, gremiales y profesionales, en una escenificación del régimen de co-participación en la gestión de los asuntos públicos bajo los principios de lealtad y subordinación a las directrices del PCCh, es decir, excluyendo la alternancia. Precisamente, una de las novedades de la protodemocracia china consiste en activar estas formaciones, las únicas legales después de 1949, para visibilizar la hipotética pluralidad política existente en el país y reforzar la representatividad institucional, aunque la asimetría es evidente.
El fomento de un Estado de derecho es una de las claves de ese proceso. En vísperas del evento, el Gobierno ha dado a conocer un Libro Blanco sobre el fomento del sistema legal, que aspira a ser la norma que ponga fin a siglos de excepcionalidad basados en el axioma de que “en China mandan los hombres y no las leyes”. Es un cambio cultural de gran calado, pero que goza de gran consenso no solo en función de las exigencias de la integración de China en el concierto internacional, un mundo exterior que reclama reglas claras, sino también a nivel interno, si bien plantea numerosas incógnitas respecto a su viabilidad efectiva ante el poder visiblemente omnipotente del Estado-Partido, la nula independencia del poder judicial y la debilidad y control de la sociedad civil.
En el aparato administrativo se anuncia también una lenta reforma basada en la reducción de efectivos dirigentes en una tercera parte (ya aplicada en los niveles provinciales y locales), la promoción de figuras independientes y la renovación de cuadros, que incluye el desembarco de la generación de los 60 en los altos puestos, tanto provinciales como ministeriales, la mayoría con formación universitaria (economía y leyes, sobre todo) y mejor nivel cultural que sus antecesores, todo ello enmarcado en un plan destinado a reforzar la voluntad de servicio público de una administración anquilosada que aleja al Gobierno de la ciudadanía.
¿Estamos ante una evolución significativa del régimen político chino? Es difícil aventurarlo, como tampoco cabía imaginar que la reforma iniciada en 1978, santificando la planificación e introduciendo el mercado de forma limitada, pudiera alcanzar el nivel de profundidad matizada que hoy podemos advertir. Parece, en todo caso, una formulación que va más allá del oportunismo olímpico, con vistas a atajar algunas de las posibles críticas que se le pudieran hacer a Beijing. El horizonte de un sistema pluralista de corte occidental no es el objetivo del PCCh, sino la habilitación de fórmulas, sean cuáles fueren, que inyecten dinamismo al régimen, acentuando la complicidad social con su política y el no cuestionamiento del liderazgo del PCCh. Para ello, la generación de apariencias de democracia, siguiendo las consignas a que Sun Tzi aludía en El arte de la guerra y loadas por Mao en sus escritos militares, pudiera ser una estrategia, pero también un falso engaño que podría derivar en tensiones internas orientadas a desbloquear las reconocidas insuficiencias de la presente evolución.
La hipótesis de una China más democrática en el horizonte de 2020, cuando ya Hong Kong celebre sus elecciones directas y plenamente democráticas (en 2017) y con una normalidad institucionalizada en las relaciones con Taiwán que pudiera producirse después de las elecciones presidenciales del 22 de marzo, bien podría llegar a ser una necesidad inevitable. No olvidemos que la democracia era una de las banderas enarboladas por los revolucionarios que pusieron fin a la monarquía Qing. El PCCh se reivindica continuador de aquel proceso que pretendía poner fin al feudalismo y a la dominación colonial para retomar la senda de la prosperidad. Esta parece haber llegado a China, aunque ni mucho menos para todos, pero la democracia ha tenido que resignarse ante la convicción de que lo primero era el crecimiento y que ambos valores no podrían simultanearse. Los márgenes de tensión que habitan en el país y las insuficiencias de las políticas aplicadas para contrarrestarlos sugieren una mayor dosis de innovación política.
Hoy, el PCCh reconoce los límites del régimen, lo que no equivale a reconocer las bondades de la democracia occidental, insisto, y buscará su propio camino para arbitrar un complemento del desarrollo que contemple mecanismos de participación social integrables en la tradición política y cultural del país, y que refuercen la estabilidad de su reforma, acercando el renacimiento de una China no solo más poderosa sino también, ojalá, más social y democrática.