Lo habitual en las sesiones parlamentarias chinas que se celebran anualmente a primeros de marzo es que su agenda se desarrolle con la formalidad al uso, en un marco donde el gobierno trata de definir los temas esenciales del momento político, escenificando un amplio consenso sobre sus objetivos que obtienen así la requerida legitimidad institucional.
No obstante, este año, esa tradicional balsa de aceite en que derivan estas sesiones legislativas se ha visto alterada por el llamamiento efectuado al unísono por trece periódicos el pasado 1 de marzo, hecho inédito en el país, en torno a la necesidad de modificar con urgencia el sistema de registro individual o hukou, un mecanismo introducido a comienzos de la China popular y que discrimina entre residentes urbanos y rurales, ideado entonces para controlar y regular los movimientos de población, afectando hoy muy especialmente a los más de 200 millones de inmigrantes rurales que se trasladan a las ciudades en busca de empleo. La vigencia del hukou, paradójicamente, no impide el desplazamiento pero sí establece una grave segregación ya que quienes no tienen el hukou urbano no pueden acceder a los servicios públicos ni sociales.
El hecho tiene dos significaciones importantes. En primer lugar, es una denuncia más que refleja la irritación por la gravedad de las desigualdades en China, que han seguido creciendo en 2009. No se trata solo de mejorar los ingresos de los campesinos sino de universalizar el acceso a derechos básicos como la educación o la salud. En los últimos años, en algunas ciudades se han producido reformas parciales que han mejorado el estatus de los inmigrantes, pero las ambigüedades actuales facilitan el abuso de poder por parte de las autoridades y la corrupción. Su eliminación exige otras reformas complementarias, en especial, en la educación y la salud pública, actualmente en curso de modo experimental, urgiendo medidas transitorias que mejoren el bienestar de la población flotante y, en paralelo, trazando respuestas a una demanda urbana que ha aumentado en 30 años en 400 millones de personas, estimándose en otros 400 millones las que lo harán en las próximas tres décadas, un proceso de urbanización que no tiene parangón en la historia.
En segundo lugar, viene a sugerir que los medios de comunicación, controlados por el gobierno, pudieran no resignarse a ser su portavoz sino que ansían reflejar las inquietudes públicas. Este paso al frente, reclamándose un papel protagonista con voluntad y capacidad para impartir recomendaciones, es algo inusual. ¿Podría ser parte de una estrategia de algunos sectores del PCCh para acelerar el ritmo de la reforma en determinados ámbitos? ¿Cundirá el ejemplo en relación a otros temas sensibles que preocupan mucho a la ciudadanía como la corrupción o la política demográfica? Es probable que la iniciativa cuente con cierto aval oficial, pero, sin duda, marca un punto de inflexión y denota la progresiva afirmación de una pluralidad de actores en la sociedad china con vocación política y capacidad de articulación al margen de los trillados canales habituales.
Los periódicos involucrados en esta iniciativa llaman a los diputados chinos a impulsar la derogación de este sistema y es seguro que alguna mención habrá en los relatorios y en los debates. No obstante, si bien no cabe su inclusión en la agenda oficial, sin duda, la irrupción extraparlamentaria de este asunto convertirá esta asamblea en la primera cuyos debates en los “pasillos” cobren vida propia. El gobierno presentaba como mayor aporte de estas sesiones la igualación en la representación electoral de residentes urbanos y campesinos, que hasta hora siempre ha beneficiado a los primeros.
En un sistema basado en la idea de que si la sociedad le dice al gobierno lo que tiene que hacer ello equivale a una desautorización de su proceder, quizás los medios puedan ayudar a abrir caminos a otros enfoques más pluralistas.