El martes, el Centro de Estudios para la Participación Pública, una organización adscrita a la Universidad de Pekín, y el Centro Legal de la Universidad de Yale con sede en Beijing, publicaron un informe conjunta sobre “La Situación de 2009 sobre la Transparencia de la Administración de China,” basado en su investigación entre gobiernos de 30 provincias y regiones en China. (Por Wu Meng)
El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional de Derecha a Saber.
El martes, el Centro de Estudios para la Participación Pública, una organización adscrita a la Universidad de Pekín, y el Centro Legal de la Universidad de Yale con sede en Beijing, publicaron un informe conjunta sobre “La Situación de 2009 sobre la Transparencia de la Administración de China,” basado en su investigación entre gobiernos de 30 provincias y regiones en China.
El resultado de su evaluación no es bueno: De las 30 provincias incluidas en el estudio, 90 por ciento han formulado reglas y políticas relacionadas con la transparencia de la información del Gobierno.
La nota máxima es 100 puntos basados en varios criterios. Sin embargo, solamente la mitad de las provincias alcanzó la línea de aprobado, mientras que Beijing sacó la mayor puntuación, con 76.5.
El acceso a la publicación de información del Gobierno es un indicador que mide la credibilidad de las autoridades ante el público y es vital acentuar dicho acceso. Han pasado más de dos años desde que entró en vigor el decreto de acceso de la información del Gobierno. Pero el informe demuestra que la aplicación de las reglas aún tiene mucho que hacer para mejorar.
El público está exigiendo saber más en la sociedad de hoy. La carencia de transparencia en el Gobierno es a menudo un punto de fricción con la población en general. Sin suficiente información auténtica, el público se deja llevar por los rumores y la información falsa.
Esta información falsa puede devenir malestar si la población no confía en el Gobierno y la información oficial.
Es todo un desafío resolver las demandas del público que busca la información del Gobierno, sin tener que revelar secretos oficiales.
Es difícil poner en vigor políticas transparentes y revelar una cantidad enorme de información pública, debido a los temas de seguridad nacional.
Pero la tarea primaria de todos los niveles de gobierno es quizás colocar las reglas y los límites en qué información está disponible. Si hay límites claros entre qué es o no de dominio público habrá menos confusión.
Es preciso contar con un sistema que permita comprobar que el Gobierno publique la información pertinente. Cuando las agencias estatales no reúnen los requisitos necesarios, debe también haber un procedimiento legal claro mediante el cual el público pueda exigir su derecho a saber.
Está claro que ha quedado satisfecho parte del apetito del público por conseguir respuestas. Esto una muestra positiva, pero requerirá de una actitud más responsable en términos de escuchar el público.(Pueblo en línea)
30/09/2010