Reunido los días 18 y 19 de enero en Beijing, el Comité Central del PCCh acordó, entre otros, proponer una nueva modificación constitucional en las sesiones que la Asamblea Popular Nacional llevará a cabo el próximo marzo. Su objetivo es la inclusión en el texto de menciones expresas a la observación del “pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era”. La primera Constitución china fue promulgada en 1954. En 1982 se adoptó la actual, modificada en cuatro ocasiones: 1988, 1993, 1999 y 2004.

La decisión anunciada era previsible tras la celebración del XIX Congreso en atención a los cánones comunes en la política china como también al ritmo de consagración de sus parámetros políticos que en tiempo de Xi Jinping parecen evolucionar  a mayor ritmo de lo habitual. En paralelo, el PCCh subrayó la importancia de la Constitución en la gobernación del Estado y la adhesión unánime al Estado de derecho.

Esta modificación constitucional se da, paradójicamente, en circunstancias de extrema repartidirización del sistema político y del conjunto del Estado. Recuérdese que el año se inició en China con el cambio de dependencia de la Policía Armada Popular, ahora bajo el mando del Comité Central del PCCh y no del Consejo de Estado. La modificación constitucional propuesta no es ajena a dicho proceso de afirmación del PCCh sobre todo lo demás.

Con dicha alteración, cualquier cuestionamiento del xiísmo afectará no solo a los militantes del PCCh que lo han adoptado en su XIX Congreso como guía de la “nueva era” de la reforma, sino que todos los ciudadanos se verán obligados a no ignorarlo, porque “nadie está por encima de la Constitución”. El PCCh subraya que cualquier acto contra la Constitución se tratará de acuerdo con la ley.

Puede que la enmienda represente esa oportunidad esgrimida para avanzar en la gobernanza basada en la ley. Y es loable que la Constitución evolucione con los tiempos. También lo es que el PCCh haga lo propio. En marzo veremos cómo los diputados aprobarán esta modificación sin ponerle pegas. Nadie lo dude. China es un país que puede presumir de cohesión. Tampoco es imaginable que alguien reclame una consulta popular para dirimir si el conjunto de la población está o no de acuerdo con que el xíismo, patrimonio teórico del PCCh, se convierta en la ideología guía de toda la sociedad china. Aunque un recurso plebiscitario podría dotar de mayor legitimidad formal una decisión de esta naturaleza y supondría realmente una innovación acorde con los tiempos.

¿Ganará o perderá la Constitución china con esta modificación? Pese a los esfuerzos del PCCh por enaltecer su valor, lo cierto es que, a efectos reales, no sería exagerado decir que pesan más en la política china sus Estatutos que la propia Constitución. Es más, en el proceso de reforma en curso, más que reforzarla, puede debilitarla al insinuar una mera réplica de su ideario en función de su incuestionable posición hegemónica en el sistema.

Todo es correcto formalmente. Los trámites se observan y la ley se respeta. Pero así las cosas, sin duda torticeramente, alguien podría pensar que nos hallamos ante un gran simulacro del estado de derecho que tiende a confundir el simple ritual con el imperio de la norma, un concepto que va más allá de la mera constitucionalización de un ideario partidario, cualquiera que este sea.