Así las cosas, el ministro de Tierra y Recursos, Xu Shaoshi dijo el lunes en Beijing que el país tiene previsto publicar nuevos proyectos piloto para promover la reforma agraria este año.


Los programas pilotos abarcarán el examen y aprobación del uso del suelo urbano, la transferencia de tierras de propiedad colectiva, la gestión de las tierras que apoyan el desarrollo de zonas económicas, y políticas diferenciadas para el control de la tierra, de acuerdo con Xu.



La decisión ministerial se produce apenas un mes después de la más reciente y sonada disputa por uso de la tierra, financiamiento y resultado de elecciones, como parte de la cual a finales del año pasado estallaron amplias protestas campesinas en el pueblo de Wukan, en la meridional provincia de Guangdong, donde los labriegos confrontaron a fuerzas del orden, al impugnar polémicas decisiones adoptadas por personeros gubernamentales locales.



Muestra de la preocupación que han generado incidentes de es tipo fue la propia reunión anual del Gabinete chino, el pasado 27 de diciembre, cuando su jefe, el primer ministro Wen Jiabao instó a todos los funcionarios a “acelerar la reforma de las políticas de adquisición de tierras colectivas, algo sumamente importante para proteger los derechos de propiedad de los agricultores y reconocer y compensarlos acorde al valor de las mismas”.



Según se incrementa el ritmo de urbanización de China, las entidades gubernamentales adquieren más y más tierras, lo que ha provocado serios altercados entre autoridades y agricultores.



Esta situación fue especialmente dramática a partir de 2009, cuando algunos inquilinos desahuciados por demolición forzada se prendieron fuego en protesta, hecho que ha llevado a algunos estudiosos a presentar una propuesta a los legisladores, con vistas a transformar para bien las normas de demolición.



A ese tenor, la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado publicó un proyecto de modificación de la normativa vigente, para solicitar opiniones del público sobre el asunto, en enero de 2010.



Según China Daily, el proyecto de enmienda estipula que las casas sólo pueden ser demolidas en «interés público», y que se debe abonar a los residentes una indemnización completa antes de que abandonen el inmueble.

Las demoliciones sólo pueden llevarse a cabo siempre y cuando al menos el 90 por ciento de los residentes esté de acuerdo con la propuesta de compensación.

Sin embargo, cómo se define el “interés público” se cuestiona el portal china.org.cn. Y lo dice atendiendo al hecho de que, sea cual sea el propósito, los gobiernos locales son expertos en encontrar excusas plausibles para ocultar un robo de dinero en efectivo, afirma el sitio.