Los datos económicos relativos a 2014 nos ofrecen el panorama de una economía china en plena efervescencia transformadora. El crecimiento, 7,4 por ciento, el más lento de los últimos 24 años, un comercio exterior creciendo muy por debajo (3,4 por ciento) del objetivo oficial (7,5 por ciento), beneficios también a la baja en importantes sectores, etc., coexisten con claras evidencias de una modificación estructural de su PIB en el que cada vez pesan más los servicios y el consumo en detrimento de los sectores primario y secundario. En paralelo, cabe significar que por primera vez en su historia, China se ha convertido en exportador neto de capitales, en una senda que le reserva una posición internacional cada vez más destacada.
El primer ministro Li Keqiang habló en Davos de esta realidad como reflejo de la “nueva normalidad” china caracterizada por una menor velocidad pero mayor calidad del crecimiento, descartando cualquier aterrizaje duro que ponga en peligro la estabilidad sociopolítica del país. Los salarios han crecido más que el PIB y superado en seis puntos el IPC (2 por ciento), mientras que los objetivos de creación de empleo han sobrepasado las expectativas oficiales.
No obstante, tras dibujar los vectores esenciales de la reforma de su economía para hacerla más innovadora y sostenible, China enfrenta un ejercicio decisivo para transformar su modelo de desarrollo. La sensibilidad ambiental, el avance tecnológico, el papel del mercado y de la economía privada, la apertura del sector financiero, la consolidación interna y proyección exterior del sector estatal, el adelgazamiento de la burocracia y el combate al flagelo de la corrupción, deben conjugarse con la recuperación de la credibilidad pública del Partido Comunista.
Xi Jinping ha conminado en numerosas ocasiones a plantar cara a quienes conspiran para preservar sus beneficios y privilegios individuales, toda una apelación contra aquellos sectores reacios al avance de unas reformas en las que China se juega, a fin de cuentas, el éxito del proceso modernizador iniciado en 1978. Un crecimiento a la baja y el agravamiento de las dificultades económicas son argumentos de peso que pueden esgrimir quienes ven en la nueva hoja de ruta un esfuerzo voluntarista que puede derivar en colapso. Las advertencias a propósito de una crisis financiera en el gigante asiático estimulada por la deuda de los gobiernos locales y el aumento de la morosidad completan un escenario que obligará al poder central a combinar reforma con ajustes al alza que aseguren un determinado nivel de crecimiento con la mirada puesta en los objetivos 2020 (duplicar el valor del PIB y el PIB per cápita en relación a 2010).
Los efectos depresivos de las reformas se ven amplificados por la ralentización de la economía mundial y la contracción de la demanda global configurando una situación inédita para el PCCh, que debe enfrentar desafíos a la vez socioeconómicos, industriales y financieros a los que cabe sumar los riesgos de naturaleza política.
Cierto que la coyuntura favorable de la baja de los precios del petróleo, acompañada internamente de reformas significativas en materia de precios de energía y aumento del consumo unido a la promoción de las renovables, permite cierta holgura. Por otra parte, el aumento del gasto social con cambios estructurales en el sistema de pensiones y la progresiva integración de los inmigrantes en las ciudades con la reforma del hukou y el impulso urbanizador ofrecen manifestaciones igualmente moderadoras.
Entre pronósticos de pesimistas y optimistas, China se aleja de aquella imagen de “fábrica del mundo” que ha predominado en las últimas décadas. Ese salto cualitativo en su desarrollo puede derivar en una implosión de varias caras, política, social y financiera, entre otras. Pero, a la vista de episodios anteriores de gran complejidad vividos por la reforma china, el momento actual aun asumiendo la necesidad de un crecimiento más débil, parece indicar capacidades suficientes para digerir esa nueva realidad. Su gran ventaja reside en que, a diferencia de Occidente, las capacidades públicas de intervención en el curso de los acontecimientos siguen siendo muy relevantes.