El ex presidente taiwanés Chen Shui-bian y su esposa han sido condenados a cadena perpetua por corrupción. Frente a la interpretación de sus correligionarios más próximos, quienes presentan la sentencia como una represalia por sus dos mandatos marcados por una inquebrantable voluntad independentista, otras fuentes destacan la gravedad de sus acciones (desvío de fondos públicos, blanqueo, falsedad en documento público, sobornos, etc.), perfectamente acreditadas en las diligencias y que evidencian un claro abuso de poder.
Chen, que insiste en denunciar la “persecución política” de que es objeto, ha anunciado la apelación del fallo. También fueron condenados su hijo y su nuera, ambos con sentencias más leves, junto a su cuñado y esposa, además de altos funcionarios de la Presidencia durante su mandato. Chen Shuibian fue elegido presidente de Taiwán en 2000 y reelegido, con gran polémica, en 2004, poniendo fin a largas décadas de dominio exclusivo del KMT (Kuomintang) en la política de la isla. A diferencia de su primer mandato, caracterizado por un impulso político que puso el acento en la “taiwanización” de la isla tendente a liquidar la residual “República de China” que formalmente aún es Taiwán, su segundo mandato estuvo marcado por los escándalos de corrupción, de los que siempre se defendió señalando que los fondos públicos en cuestión nunca se han destinado al enriquecimiento personal sino a “misiones diplomáticas secretas”, relacionadas con la supervivencia de política de Taiwán frente al acoso continental.
Quizás esperada, la severidad de las penas impuestas no ha conmovido a su partido, el PDP (Partido Democrático Progresista), quien rápidamente le expulsó de sus filas. Su ex vicepresidenta, Annette Lu, también le ha reclamado la presentación de excusas a la militancia de su formación. Antiguos militantes de su propio partido que en los últimos años se habían movilizado para exigir su dimisión han celebrado la ejemplaridad de la condena. El KMT, por el contrario, ha insinuado una compasiva y poco explicada propuesta de descriminalización de estas actuaciones.
La asociación entre independentismo y corrupción le viene como anillo al dedo al KMT, quien desde el triunfo de 2008 y en aplicación de la “tercera cooperación” iniciada con el PCCh en 2005, ha promovido un giro de ciento ochenta grados en la política de la isla. Descartando cualquier hipótesis independentista y también, por el momento, de unificación, el presidente Ma Ying-jeou aspira a hacer las paces con Beijing, orillando los asuntos más sensibles de las relaciones bilaterales para favorecer el entendimiento y la cooperación económica. Estos días, cuando se reúne la asamblea general de la ONU, por primera vez en 17 años, Taiwán no ha movilizado a sus aliados para reclamar el reingreso en Naciones Unidas, un gesto inédito que complace a Beijing y que evidencia el alejamiento de la política taiwanizante promovida por Chen Shui-bian.
En el continente, la condena a Chen también sabe a gloria, aunque difícilmente puede hacer gala de una independencia semejante del poder judicial o, siquiera, de la existencia de un magma corruptor de inferior magnitud, habida cuenta que en las últimas semanas parece proyectarse en todos los ámbitos de la vida política china y que se ha convertido, según ha reconocido el propio Hu Jintao en más de una ocasión, en la clave para dilucidar el futuro del PCCh.