La que ya se conoce como la “revolución del girasol” en Taiwan tiene como epicentro el rechazo al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios firmado en junio de 2013 con China continental. La habilidad de la oposición a la hora de torpedear dicho pacto en su proceso de revisión legislativa y la propia torpeza del KMT y su presidente, Ma Ying-jeou, tanto en su política de comunicación como en su intento de esquivar el bloqueo opositor y la propia gestión de la protesta estudiantil, ponen en evidencia la volatilidad de la política taiwanesa en relación al continente, justamente cuando el inicio del diálogo político parecía prometer otra cosa.
En efecto, no es tanto el Acuerdo como China. Desde una perspectiva global, su contenido puede considerarse equilibrado e incluso favorable a Taiwan. Esto no obsta para reconocer que algunos sectores pueden verse perjudicados, como sucede en cualquier pacto de esta naturaleza donde los beneficios nunca pueden ser completos, que el empleo o algunas pymes pueden verse afectados o que condicione en alguna dimensión la seguridad nacional, pero es evidente que Beijing se cuidará mucho de que su aplicación derive en hostilidad a su proyecto mayor, la reunificación. De entrada, de los 64 sectores que se abren en la isla frente a los 80 del continente, 27 ya están operativos. Por eso, en el fondo, es la consideración de este acuerdo como una pieza significativa del proceso de apuntalamiento de la interdependencia a través del Estrecho lo que realmente motiva la airada protesta que llevó a los estudiantes a ocupar el Parlamento.
Las salidas no son fáciles. En teoría, el gobierno no puede renegociar el acuerdo hasta pasados tres años de su entrada en vigor, y de tener que hacerlo ahora, su credibilidad quedaría seriamente afectada. Por otra parte, la elevación del tono reivindicativo de los estudiantes a la vista del éxito inicial alcanzado reduce el margen de flexibilidad necesaria. Las concesiones del KMT (revisión no ya artículo por artículo sino línea por línea) llegan tarde si como ahora sucede los manifestantes reclaman la previa adopción de una ley que garantice el seguimiento de su aplicación, lo que demoraría en exceso y sin garantías el visto bueno legislativo. Por otra parte, exigir al presidente que no ejerza su autoridad sobre los legisladores del KMT con el propósito de quebrar la unidad de la mayoría parlamentaria, resulta igualmente inaceptable.
En medio de la crisis, la lucha sorda entre Ma y el presidente del legislativo Wang Jin-pyng, de su propio partido, a quien una sentencia reciente le ha permitido retener su carné del KMT tras un fallo del Tribunal de Distrito de Taipei. Wang fue suspendido de militancia debido a su presunta intervención en un caso judicial relacionado con un miembro del opositor PDP. Cabe recordar que el presidente Ma, muy involucrado en la desautorización de Wang, se vio a su vez desautorizado por éste cuando tuvo que dar marcha atrás en su convocatoria de una Conferencia de Conflicto de Poderes con el vicepresidente Wu Dun-yih, el primer ministro Jiang Yi-hua. Wang Jin-pyng se negó a asistir considerando que la previsión constitucional (artículo 44) no era aplicable al caso, optando por seguir negociando con la oposición y los ocupantes, descartando el uso de la fuerza para desalojar a quienes protestaban.
El atolladero de la situación actual supone un serio desgaste para el KMT y, sobre todo, para su presidente, que ha sido incapaz de generar un consenso público a propósito del Acuerdo, siendo pillado por sorpresa ante la magnitud de la movilización. La tardía disposición de Ma a dialogar directamente con los líderes estudiantiles llega cuando estos reclaman ya la anulación completa del acuerdo. En un año electoral, con el horizonte de las elecciones municipales a finales de ejercicio, una gestión empecinada del affaire puede pasarle factura al KMT.
Desde el continente, tras un primer momento de calma, tras el asalto al Yuan ejecutivo y el bloqueo de la situación, las autoridades chinas han denunciado la terca actitud de hostilidad de la oposición a “cualquier asunto que involucre a la parte continental”. La crispación actual puede hacer encallar el incipiente diálogo con el PDP, señalando un horizonte 2016 lleno de incógnitas ante la probabilidad de una victoria opositora en las legislativas y presidenciales.
Complementariamente, esta crisis advierte a Beijing de la existencia de una base social activa importante en la isla claramente contraria a un proceso de vertiginoso acercamiento entre las orillas, con potencialidad para arrollar incluso los intentos conciliadores que parecían ganar terreno en la oposición en los últimos años. El protagonismo estudiantil, paradójicamente siempre de gran valor simbólico en la historia china y a ambos lados, le confiere una dimensión especial y muy superior a la que pudiera desprenderse en nuestras latitudes.
Taipei defiende la bonhomía y trascendencia del acuerdo para la supervivencia económica de la isla. En un tono dramático, el ministro de Economía, Chang Chia-juch, aseguró que si no se resuelve satisfactoriamente este problema “ni un solo país negociará tratados comerciales con nosotros”. No le falta razón, porque la actitud china, en posición de fuerza pero propiciadora hasta el momento en términos generales, podría cambiar para pasar a adoptar tácticas dilatadoras y más matizadas aun. El problema es que ello tampoco pondría las cosas más fáciles a su aliado, el KMT.