Taiwán avanza con paso acelerado hacia una crisis política de severas proporciones. El escenario principal de la confrontación es el órgano legislativo en el que la oposición tiene mayoría frente al gobierno. El presidente Lai Ching-te, que tomó posesión el pasado 20 de mayo, es acusado de actuar más como presidente del PDP (Partido Democrático Progresista, los verdes) que de Taiwán, mientras que su formación desliza que la oposición está, objetivamente, al servicio de China continental, actuando como un “caballo de Troya”, evocando cierto paralelismo con la situación vivida recientemente en Corea del Sur.

Las diferencias en torno al futuro de la isla son difícilmente conciliables. Los unionistas, especialmente el KMT (Kuomintang, azules), reconocen que ambos lados del Estrecho son parte de un grupo étnico chino colectivo y que comparten una misma cultura china. En lo político, suscriben el Consenso de 1992, la idea de que hay una sola China en el mundo aunque con diferentes interpretaciones, si bien rechazan la fórmula “un país dos sistemas” que inspira el proyecto unificador del Partido Comunista (PCCh). Beijing, recientemente, ha dado a entender que está dispuesto a proveer garantías adicionales de su pleno respeto. La crisis de 2019 de Hong Kong ha afectado sensiblemente su credibilidad en este sentido. El ex presidente legislativo Wang Jin-pyng, del KMT, dio a conocer días atrás una propuesta innovadora para acercar posiciones, abogando por un «gobierno separado sin división» entre Taiwán y China continental. Su recorrido es incierto.

Cuando Lai tomó posesión insinuó una voluntad de diálogo para promover la cooperación con la oposición pero su estrategia irredentista, más firme que la de su antecesora Tsai Ing-wen, amenaza con dinamitar todos los puentes.

La trifulca de fin de año en el Yuan Legislativo por la aprobación de un paquete de enmiendas de varias leyes que afectan a la iniciativa de referéndum para destituir a autoridades electas, el funcionamiento del Tribunal Constitucional o el reparto territorial de las dádivas presupuestarias entre el gobierno central y los locales (recuperando la fórmula vigente del 60-40 vigente hasta 1999 en lugar de la actual 75-25), amenaza con llevar contra las cuerdas al Ejecutivo. Ya a los pocos días del inicio del mandato de Lai, la oposición aprobó enmiendas para elevar su poder de control sobre el Gabinete. Este las impugnó ante el Constitucional, que le dio la razón. A espera de un acuerdo para cubrir las vacantes, actualmente todos los jueces de este decisivo tribunal fueron nombrados por el PDP.

Lai y su primer ministro, Cho Jung-tai, acusan a la oposición de poner en riesgo la democracia, no respetar la división de poderes, el orden constitucional y el poder judicial, así como afectar la gestión de los servicios públicos básicos, etc. Ello en un contexto de incremento de la presión continental a la que, en su opinión, se debería responder haciendo piña con el gobierno.

La oposición aventura una ola de macartismo tras peticiones como la de realizar inspecciones educativas para identificar a profesores que puedan ser agentes del PCCh en la educación superior, el plan para ilegalizar a partidos unionistas (Partido de la Promoción de la Unificación de China) con el argumento de su relación con el crimen organizado, o las limitaciones a la presencia en la isla de periodistas chinos autorizados como el Strait Herald, bajo la acusación de ser meras pantallas del PCCh. El ex presidente Ma Ying-jeou (2008-2016) tampoco se ha librado de críticas y amenazas por promover el intercambio de estudiantes a ambos lados del Estrecho. La criminalización del unionismo más radical y la estigmatización generalizada de los partidarios de la unificación se antoja una característica prominente de la acción política de Lai.

¿Se está favoreciendo una atmosfera para justificar una declaración de la ley marcial al estilo coreano? La exacerbación de las disputas internas y el subsiguiente bloqueo político nos remite a la crisis surcoreana.

Tras la proclamación fallida de la ley marcial en Seúl, una cuenta de redes sociales administrada por el gobernante PDP eliminó rápidamente una publicación que sugería que la legislatura de Taiwán enfrentaba una situación similar a la que llevó al presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, a declarar la ley marcial. La publicación también insinuaba que los partidos de oposición en la Legislatura habían obstruido repetidamente las propuestas de seguridad nacional, «ampliado inconstitucionalmente» sus poderes y recortado el presupuesto de defensa, entre otras afirmaciones. La publicación fue eliminada rápidamente unos 20 minutos después de realizarse y en su lugar se publicó una declaración criticando la ley marcial. Pero el alboroto estaba asegurado.

Según la Constitución de la República de China (Taiwán), el presidente puede declarar la ley marcial, pero requiere la aprobación o ratificación posterior del Yuan Legislativo, el cual no puede ser disuelto durante dicho periodo. Según el artículo 1 de la normativa sobre la Ley Marcial, que no ha cambiado desde 1948, toda declaración de emergencia de la ley marcial por parte del presidente debe ser presentada al Yuan Legislativo en el plazo de un mes para su ratificación. Si se declara durante un receso parlamentario, la ratificación debe producirse después de que la Legislatura vuelva a reunirse.

Un legislador de la oposición propuso ya cambios a esta normativa de modo que se requeriría que la Legislatura de Taiwán ratifique cualquier declaración presidencial de ley marcial dentro de las 56 horas para que sea válida.

Un “café de conciliación”

Los conflictos comerciales, las restricciones al turismo, los ejercicios militares, etc. trazan un panorama tenso y complejo en las relaciones a través del Estrecho. No obstante, es de doble vía. Los puentes de Beijing con el unionismo siguen una ruta paralela más bien fluida, con mantenimiento del diálogo (como el reciente foro Taipéi-Shanghai) y medidas que estimulan el acercamiento. Con Lai y el PDP no es previsible que suceda lo mismo en ningún caso a la par que se endurecen las medidas sancionadoras contra los partidarios de la independencia en la isla al describir con mayor precisión el delito de secesión.

Lai puede acusar al KMT de actuar en complicidad con Beijing para desestabilizar el sistema democrático, pero no puede pasar por alto la propia realidad política. En las elecciones del 15 de enero, obtuvo el 40,05 por ciento de los votos frente al 26,5 % del Partido Popular de Taiwán (PPT, blancos) y el 33,49 por ciento de Hou Yu-ih del KMT. Es decir, un 60 por ciento del electorado optó por la oposición que pagó el precio de no haber llegado a un acuerdo para acudir unidos a la contienda.

La crisis que atraviesa el PPT por el encausamiento de su líder, Ko Wen-je, por presunta corrupción enrarece más el ambiente con acusaciones a Lai de implementar una ola represiva de “terror verde”, lo cual tampoco ayuda a relajar la tensión ni parece que le decante por una suspensión de la coordinación de facto entre PPT y KMT. El presidente interino de la formación es el líder parlamentario Huang Kuo-chang, firmemente involucrado en esta estrategia.

El KMT y el PPT usan su “dictadura mayoritaria” para intentar aprobar enmiendas que podrían causar un daño irreversible a la democracia de Taiwán, dice el PDP, acuñando la expresión “Banda de los Cuatro” para referirse  al líder del grupo parlamentario del KMT, Fu Kun-chi, al presidente del KMT, Eric Chu, al presidente legislativo Han Kuo-yu, del KMT y al líder del grupo parlamentario del PPT, Huang Kuo-chang. La oposición responde que es el PDP quien ya está intentando aplicar la “ley marcial” en el Yuan Legislativo. De hecho, reclama la destitución del presidente del Legislativo o la expulsión masiva de legisladores del KMT, a lo que estos responden con la advertencia de poner en marcha procesos de revocación de los diputados del PDP.

La instrumentación de un movimiento civil de repulsa de la estrategia de la oposición, que evoca el “movimiento Girasol” de 2014, no funciona, al menos por el momento. Los grupos del «movimiento Bluebird» fracasaron varias veces al intentar entrar al Yuan Legislativo para interrumpir el intento de los legisladores de la oposición de aprobar sus iniciativas de enmienda de las leyes citadas. Una manifestación frente a la sede del KMT en Taipei para protestar contra las modificaciones legales reunió a unas 6.000 personas.

En este contexto, el “café de conciliación” propuesto por el presidente Lai al presidente del Legislativo Hou, se antoja inviable.

Buscando salidas democráticas

Taiwán vivió bajo la ley marcial durante 38 años, una rígida dictadura ejercida desde 1949 por el KMT tras perder la guerra civil frente al PCCh y abandonar el continente. La adopción de la fuerza militar en este contexto no solo sería inadecuada e incompatible con el sistema constitucional sino que obtendría un amplio rechazo de la población.

Taiwán necesita salir de este atolladero haciendo valer mecanismos democráticos. La vía es encontrar objetivos mutuos, reconociendo la legitimidad democrática tanto del Presidente como de los legisladores. La soberanía popular reside en el Legislativo y Lai no puede ignorar que no tiene mayoría en la Asamblea: el KMT tiene 52 escaños, el PDP, 51, el PPT, 8 y dos independientes alineados con el KMT.

Alentar una perversa psicosis tratando de equiparar cualquier discrepancia política con el soberanismo  con la adscripción automática al enfoque de “frente unido” del PCCh para influir y cooptar a individuos u organizaciones para promover sus objetivos políticos y estratégicos, incluido el impulso a la unificación con Taiwán, pudiera tener un efecto boomerang. Tampoco es de recibo pontificar que los 62 legisladores de la oposición no pueden pasar por encima de los deseos de los 23 millones de habitantes de Taiwán, deduciendo que a estos solo los representa el minoritario PDP. Por otra parte, el fomento de una dinámica polarizadora con la promoción de filmes como “Día Cero”, que escenifica una invasión del ejército chino, o juegos de mesa de temática similar como “2045”, quizá ayuden al PDP a mantener una conveniente -a corto plazo-polarización, pero al precio de exacerbar el antagonismo y dificultar el acuerdo.

De igual manera que China puede haber erosionado su imagen con la gestión de la crisis en Hong Kong -con fuerte impacto en Taipéi-, la adopción de la ley marcial supondría una no menor pérdida para Taiwán. La solución pasa por un pacto. El problema radica en que para lograrlo, el PDP debe ceder ante la oposición en aquellas cuestiones (política exterior, soberanía o seguridad) que más decantan a sus votantes.