BEIJING, 22 ene (Xinhua) — La gran reforma en el sistema de lucha contra la corrupción de China eliminará los vacíos en la supervisión y simplificará los procesos de investigación.

China anunció el año pasado que estaba trabajando en la creación de una comisión de supervisión nacional para fusionar las agencias y departamentos relacionados con el trabajo contra la corrupción. Beijing y las provincias de Shanxi y Zhejiang están probando la reforma.

Las comisiones provinciales se establecerán en marzo y las oficinas de base, en junio. Los directores de las comisiones ya han sido elegidos por las asambleas populares locales.

La nueva comisión integra el departamento de supervisión y la oficina de prevención de la corrupción, así como las divisiones que se encargan del cohecho, las negligencias en el cumplimiento del deber y la prevención de los delitos relacionados con el desempeño de un cargo.

Wang Yukai, de la Academia China de Gobernación, indicó que los jefes de las comisiones ya eran responsables de las comisiones locales de inspección disciplinaria. Otros altos cargos serán ocupados por miembros senior de las comisiones locales de inspección disciplinaria y altos funcionarios de las correspondientes fiscalías.

Lyu Xiaodong, un miembro de una comisión anticorrupción local de la provincia de Zhejiang, espera que el nuevo cuerpo se haga cargo de quienes no son miembros del PCCh y no están bajo la jurisdicción del órgano de control del Partido.

El director del departamento de supervisión de Beijing, Li Zhenqi, afirmó que la nueva comisión aumentará la supervisión para incluir a cualquiera que ejerza poder público, incluso aunque no ocupe un puesto gubernamental, incluidos los comités de aldeanos, las asambleas populares locales y los hospitales y escuelas públicos.

«La reforma elimina las lagunas en la supervisión contra la corrupción», manifestó Lyu, que agregó que «todas las personas que ocupan un puesto público estarán sujetas a la autoridad de la comisión».

China aumentó su trabajo de lucha contra la corrupción tras el XVIII Congreso Nacional del PCCh en 2012. Cuatro años después, el grupo líder anunció que la batalla contra la corrupción había logrado «un impulso aplastante». En 2016, un total de 48 antiguos funcionarios de nivel provincial fueron procesados.

Wang, por su parte, aseguró que la comisión investigará y sancionará y tendrá poderes de supervisión, así como derechos para hacer comparecer a sospechosos y testigos para interrogarlos, restringir movimientos y congelar activos.

El vicepresidente de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, Ma Huaide, señaló que el hecho de que las comisiones absorberán algunas funciones de la fiscalía les ayudará en sus investigaciones.

Pronto se creará una base de datos de todos los empleados públicos, se aumentarán las posibilidades de hacer llegar información a las autoridades y se enviarán equipos de inspección de forma rutinaria para dar más capacidad a la nueva institución.

Un miembro de la asamblea popular municipal de Beijing, Liu Weilin, manifestó que, basándose en las experiencias piloto, serán necesarios cambios en varias leyes nacionales. La legislación sobre supervisión del Estado está siendo considerada en la actualidad por la Asamblea Popular Nacional.

Un sistema de comprobaciones y balance garantizará que los propios miembros de la comisión se mantienen limpios, respondiendo ante las asambleas populares. Fin