Un día sí y otro también se suceden las noticias en China acerca de la instrucción de investigaciones o de expulsiones de miembros del Partido Comunista (PCCh) con responsabilidades ya sea al frente de empresas públicas, de instituciones centrales u órganos territoriales. Nunca en China se ha visto una campaña contra la corrupción de tal intensidad, tanta que los suicidios de altos funcionarios se encuentran al orden del día. La caída del jubilado Zhou Yongkang, ex miembro del Comité Permanente del Buró Político del PCCh, lejos de ser la última de la lista, aventura nuevos nombres relevantes que ya suenan, desde el ex viceprimer ministro Hui Liangyu al ex vicepresidente Zen Qinghong, entre otros “tigres”. No menos importante ha sido la caída del general Xu Caihou, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central, el más alto funcionario militar purgado desde la época de Mao. Más allá de los matices, a despecho del parecer de los veteranos y sus resistencias por temor a que estas medidas puedan desestabilizar el país, la caída de Zhou, acusado de “violaciones disciplinarias”, revela un nuevo consenso en la cúpula china que anula el viejo pacto de inmunidad de las más altas instancias.

La conducción de la campaña corre a cargo de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) del PCCh, que lidera Wang Qishan, afín a Xi Jinping y número seis del Partido. La CCCD funciona desde 1927 y siempre se le ha atribuido una segunda intención en sus procedimientos. Se trata de un mecanismo de justicia interna que obedece a consideraciones de índole política con el apoyo de un sistema, el shuanggui, que hasta ahora proporcionaba libertad prácticamente plena a los investigadores para lograr las confesiones, incluyendo la tortura. No hay supervisión de las autoridades judiciales de este mecanismo aunque recientemente algunos de sus funcionarios han sido procesados por conductas impropias. La lealtad de la CCCD se debe, ante todo, al Partido, lo cual puede generar situaciones de conflicto cuando ignora la ley. En el curso de esta campaña, la CCCD ha pretendido involucrar a la sociedad de forma activa. Su web recibe unos dos millones de visitas diarias, lo cual da idea del eco de la iniciativa.

La magnitud de la campaña contra la corrupción evidencia, a sensu contrario, que esta se había generalizado en amplios niveles de la autoridad política, económica y militar. Uno de sus principales objetivos consiste en restaurar la deteriorada imagen del PCCh y parte de su legitimidad como guardián moral de la sociedad china.

En paralelo, la nueva dirigencia elegida en el XVIII Congreso del PCCh (noviembre de 2012) promueve una amplia reforma en consonancia con la resolución aprobada por el Tercer Pleno del Comité Central del PCCh celebrado en noviembre de 2013 que abarca numerosos aspectos económicos, sociales, defensivos y también políticos. Esta avanza con dificultades en diversas instancias. Los poderes territoriales y otros órganos y entidades no aplican al ritmo deseado las instrucciones del gobierno central que reitera el envío de equipos de inspección para vencer las inercias. Y las empresas monopolísticas ofrecen resistencia a reformas que reducen su margen de maniobra. Por el momento no hay directrices ni calendario específico, si bien los planes piloto podrían ponerse en marcha muy pronto. Es posible que el impulso a las investigaciones antimonopolísticas cursadas recientemente contra varias multinacionales occidentales (Microsoft, Audi, Chrysler,…) ilustren cierta ejemplaridad de la que no podrían librarse, en un segundo tiempo, las propias empresas chinas. 

Teniendo en cuenta que las reformas estructurales apuntan a consolidar las bases de la economía de mercado reajustando el papel del Estado, reformando las grandes empresas y los bancos públicos, estimulando el sector privado, favoreciendo la competencia, ajustando el orden financiero, administrativo y laboral, sin duda los cambios pueden afectar a numerosos  intereses adquiridos. Todo ello exacerba la lucha política entre clanes y grupos de poder no siempre adscritos a discursos ideológicos diferentes sino con base en la pura y dura salvaguarda de sus privilegios. Ello puede involucrar no solo a personas sino a instituciones, como ha podido verse recientemente en la polémica surgida entre la CCTV (Televisión Central de China) y el Banco de China por supuestas actividades de blanqueo de dinero y evasión de capitales, aireadas por el canal público número uno. El director del Banco de China (Tian Gouli) es próximo a Wang Qishan. Las vendettas pueden pasar a ser un fenómeno corriente cuando la confianza en la imparcialidad de los órganos llamados a combatir la corrupción está en entredicho. La ejemplaridad basada en el partido o en la moral no parece suficiente.

Se dice en China que las grandes empresas de propiedad estatal son demasiado corruptas para ser rescatadas pero demasiado poderosas para quebrar. Desde PetroChina a China Resources, altos ejecutivos han sido objeto de investigación al igual que otros responsables de sectores como la siderurgia, las telecomunicaciones, el transporte o la aviación. Las reformas apuntan a su transformación en compañías de propiedad mixta con el objeto de favorecer la supervisión externa y la autorregulación. Empresas como Sinopec o China State Grid Corporation ya han abierto segmentos de sus lucrativos negocios a la participación de capital privado.

La denuncia pública de la corrupción, los abusos de poder y la malversación de fondos son inseparables de la reforma del sector público mediante la apertura al capital privado. Desde el ferrocarril al acero o el transporte marítimo, donde los números rojos abundan en diversa cuantía, los hidrocarburos y otras energías concentran las expectativas de negocio dado el alto nivel de beneficio. Para avanzar en esta línea se hace necesario reemplazar a los gestores del viejo modelo y a los responsables de las principales agencias públicas vinculadas con estos grandes conglomerados estratégicos que no muestran suficiente entusiasmo. Ello explica las caídas de altos funcionarios relacionados con la Comisión de Gestión de los Activos Estatales (Jiang Jiemin), de gigantes como China Ressources (Song Lin) o de agencias como la Energía en sectores que van desde las renovables (Wang Jun) al carbón (Wei Pengyuan). Grandes movimientos tienen lugar en la bolsa afectando a grupos como CNPC, China South Industries, China Metallurgical Group, China National Tobacco Corp., etc. Recordemos que la transformación del ferrocarril mediante su desministerializacion fue precedida de la condena a muerte de Liu Zhijun, su máximo responsable. Sin duda, en todos estos casos se pueden identificar conductas delictivas pero también afinidades políticas que pasan factura.

Un tercer dato que completa el escenario es el ámbito político. La lucha contra la corrupción permite a los nuevos dirigentes fortalecer su liderazgo tanto ante la opinión pública como ante la propia base partidaria. No obstante, el discurso nucleador de ambas políticas reside en el fortalecimiento aséptico y aparentemente neutral del respeto a la ley. Ello ha incentivado el debate acerca del constitucionalismo, y reafirmado, en paralelo, sus límites. El Estado de Derecho que alientan los nuevos dirigentes no se fundamenta en la separación entre Estado y Partido o en el pluripartidismo sino en el ejercicio del imperio por la ley y la hegemonía indiscutible del PCCh Este considera que la promoción del Estado de Derecho es crucial para aumentar la capacidad de gobierno. Gobernar de acuerdo con la ley es clave para preservar su liderazgo.

Complementariamente, las campañas de educación ideológica con el objetivo de fortalecer la lealtad de los funcionarios al comunismo están al orden del día, eclipsando el virtuosismo confuciano de sus antecesores inmediatos pero enfatizando aspectos relacionados con una moralidad controvertida en más de un aspecto. Inseparable de esta actuación es la campaña reivindicativa de la “línea de masas” que pretende reforzar los vínculos con la ciudadanía, rotos en gran medida por la corrupción. La campaña de la línea de masas, así como el recurso frecuente a la retórica maoísta, incluyendo las sesiones de autocrítica apadrinadas por los máximos dirigentes, advierte de un claro alejamiento del discurso político occidental, reforzado tras la responsabilización del modelo capitalista liberal de Occidente de la crisis surgida en 2008, y denota la presencia inevitablemente conflictiva de la ideología tradicional y la ley, apuntando a un eclecticismo que como bien sabemos forma parte de la caracterización del propio sistema. Ley e ideología no se subordinan sino que pueden complementarse pero estableciendo una clara jerarquía a favor de la segunda.

La campaña anti-corrupción enfatiza, como vimos en el precedente caso de Bo Xilai, un afán especial y diferenciador por conducirse en el marco del Estado de Derecho, es decir, observando “escrupulosamente” la ley. No obstante, el sistema vigente concede aun al PCCh el privilegio de actuar como fiscalía ya que solo una vez concluida la investigación remite a los órganos ordinarios de la justicia la correspondiente instrucción. La interpretación de que el PCCh está por encima de la justicia es un recurso recurrente que muestra también derivaciones prácticas en este caso de Zhou Yongkang en el cual se vaticinan violaciones disciplinarias pero no de la ley, lo cual pudiera interpretarse como expresión de un pacto para posibilitar su expulsión del PCCh pero no la condena por sus crímenes. Otro tanto podríamos decir de las acusaciones lanzadas contra el entorno familiar del ex primer ministro Wen Jiabao que estarían implicados en varios delitos, acusaciones que podrían extenderse a otros miembros de la elite china. A fin de cuentas, no es la justicia quien dictamina si ha o no lugar a una investigación sino el PCCh quien decide si instruye o no un procedimiento. Juez y parte a la vez, es natural conceder credibilidad a supuestas instrucciones dadas a los medios para evitar toda alusión a las informaciones que implican a los “principitos” en negocios de los que se habrían beneficiado en función de sus relaciones familiares.

Imparcialidad e independencia de la justicia forman parte de estas reformas en curso, que buscan disminuir la influencia que tienen los gobiernos locales en el sistema judicial, empoderando a los jueces para que puedan decidir con más libertad. Se trataría de crear un modelo más profesional pero no del todo independiente.

Los frentes abiertos por los nuevos dirigentes chinos coexisten con la exacerbación de los controles de todo tipo pero muy especialmente de la Red, lo que hace pensar a algunos que el “sueño chino” del que habla Xi Jinping es solo el sueño de la preservación del poder y no el sueño de los derechos para los ciudadanos.

El PCCh reconoce que las quiebras del sistema y las resistencias de los intereses adquiridos frenan las reformas afectando a las capacidades del país para proseguir su desarrollo y modernización. Y lo que concede mayor entidad a esta campaña es precisamente la impronta de la reforma que afecta a poderosos intereses, instalados preferentemente en el sector público, la referencia neurálgica de la actual fase del proyecto iniciado en 1978.

El proceso en curso contribuye a reforzar la autoridad del PCCh y su ideología pero abre una incógnita con respecto a su capacidad para preservar el liderazgo en virtud de unas reformas, quizá inaplazables para conjurar la desaceleración del crecimiento pero que pueden debilitar el poder del Partido sobre la economía, aun, junto al ejército, referencia inexcusable de su modelo. Y en el orden político, si bien las campañas de este tipo acaban frecuentemente con una redistribución del poder entre las nuevas elites, esto puede saber a poco a una ciudadanía que probablemente aspira a que la democracia incremental prometida se materialice en un ejercicio más generoso de derechos y libertades.

Es por tanto el actual un periodo decisivo. La suma de contradicciones y lo arriesgado de las decisiones, sumado a los retos en el orden externo, confiere al actual liderazgo un alcance estratégico de tal significación que puede determinar el éxito o fracaso del curso de la modernización china que viene liderando el PCCh desde su fundación.