La Corte Suprema de Hong Kong se pronunció recientemente a favor de las tesis del gobierno central en Beijing invalidando la toma de posesión en el Consejo Legislativo de dos diputados independentistas que violaron las normas de la Ley Básica al prestar juramento. El fallo se produce después de que el Parlamento chino emitiera su propio dictamen. Los jueces de la Corte Suprema aseguraron que su decisión habría sido la misma sin importar el sentido de la intervención preventiva de Beijing. La interpretación que dimana del poder central es vinculante pero se mire como se mire daña la imagen de la autonomía de Hong Kong.
Beijing, visiblemente irritado con el proceder de los legisladores partidarios de la independencia de su autónoma Región Administrativa Especial, promovió una decisión de la Asamblea Popular Nacional (APN) para interpretar el art. 104 de la Ley Básica de la ex colonia británica, reforzando la condición imperativa del respeto a la ley vigente para poder asumir cargos públicos. Varios miles de personas, incluyendo cientos de abogados, se manifestaron en Hong Kong en apoyo de los diputados díscolos pero, como de esperar, ha servido de poco. Las posibilidades de rectificación son nulas.
La intervención de la APN en la disputa con un pronunciamiento urgente y sin esperar al dictamen de la Corte Suprema de Hong Kong, dejó en evidencia las prisas de Beijing por poner coto a las posibles dudas o vacilaciones. Es la primera vez que las autoridades centrales intervienen en un caso judicial pendiente sin una solicitud del gobierno o del poder judicial de Hong Kong.
Esa interpretación de la APN dio alas al temor de una puesta en entredicho de la autonomía del territorio y la independencia judicial, dos pilares esenciales de la fórmula “un país dos sistemas” que es referencia aun de la retrocesión de la excolonia. La rápida reacción de Beijing evidencia la profunda preocupación existente en el gobierno central respecto a los movimientos independentistas. Quiere cortar por lo sano antes de que pueda ir a más.
En las conmemoraciones del 150 aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen, el mensaje del presidente Xi Jinping a los secesionistas de todo signo no pudo ser más contundente: no habrá titubeo alguno. Quizá el principal destinatario fuera Taiwan, hoy gobernado por los soberanistas con mayoría holgada, pero sin duda el enrarecimiento de la situación en Hong Kong también planeaba en el ambiente. En Tibet o Xinjiang impera la sordina.
La situación política en Hong Kong está adquiriendo signos de inestabilidad creciente desde la irrupción del “Movimiento de los Paraguas” (2014) y el fracaso de la reforma electoral. Quizá fuera aconsejable evaluar la viabilidad de la política trazada y de las causas que han llevado a esto, no solo atribuibles a la instigación de un puñado de jóvenes críticos coaligados con terceros países interesados en desestabilizar China.
La larga crisis de Hong Kong también tiene sus impactos en el liderazgo del PCCh. No falta quien remita a Beijing para explicar el enconamiento de la situación y advertir de la amenaza de colapso. El pulso librado en Hong Kong reflejaría una lucha de poder en el PCCh que afectaría a Zhang Dejiang, el presidente de la APN y responsable último de la situación, próximo al clan de Shanghai, con quien Xi estaría insatisfecho; pero también al jefe ejecutivo Leung Chun-ying y al responsable de la oficina de enlace, Zhang Xiaoming. Xi es decididamente partidario de una mayor intolerancia con los llamamientos a la independencia, cortando de raíz cualquier veleidad en este sentido.
A comienzos de los años 80, en Galicia, los tres diputados obtenidos por el nacionalismo de izquierdas se negaron a acatar la Constitución, por lo que fueron expulsados del hemiciclo. Cuatro años después, su único diputado no vaciló en corregir el error. Quizá también los legisladores hongkoneses se lo deben pensar mejor.