Entre los días 17 y 19 de mayo se desarrolló en Beijing un importante seminario sobre Xinjiang. En la reunión, convocada por el Consejo de Estado y el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), participó el presidente Hu Jintao y los demás miembros del Comité Permanente del Buró Político. Se trata de la primera conferencia de trabajo a nivel central sobre Xinjiang que se celebra desde 1949.
La reunión culmina un proceso de reflexión abierto tras los sucesos de julio del año pasado. Entre el l7 de abril y el 8 de mayo, delegaciones de 19 de las provincias y ciudades más ricas del país, entre ellas Beijing, Shanghai, Guangdong y Shenzhen, visitaron Xinjiang con el fin de discutir planes detallados para impulsar el desarrollo regional. Bajo un modelo de «asistencia paralela» dado a conocer por el gobierno central en una reunión de alto nivel que tuvo lugar los días 29 y el 30 de marzo, cada una de las citadas 19 provincias y ciudades han adquirido la obligación de apoyar el desarrollo de diferentes áreas de Xinjiang. Guangdong, por ejemplo, se hace cargo de los programas de desarrollo de los distritos de Shufu y Jiashi, en la prefectura de Kashgar. Además, una reforma impositiva relacionada con el petróleo y el gas natural aportará más ingresos fiscales al gobierno de la región autónoma.
Por otra parte, en los últimos meses, la administración en Xinjiang ha sido objeto de algunos ajustes, como el reemplazo de Wang Lequan en la jefatura del Partido, que ha sido sustituido por Zhang Chunxian, anteriormente gobernador en Hunan, pretendiendo simbolizar con ello el inicio de un nuevo tiempo en las relaciones entre Beijing y Urumqi.
La “hoja de ruta” desvelada en la reunión de marzo, y aprobada solemnemente la pasada semana, se marca como objetivo lograr un desarrollo «notorio» en la economía de Xinjiang y una mejora «evidente” en el nivel de vida de la población en un plazo no superior a cinco años. El presidente Hu Jintao dijo durante el seminario que la región debe acelerar el desarrollo a fin de que en 2015 su PIB per cápita alcance el promedio estatal y que los ingresos y el acceso a servicios públicos básicos deben alcanzar el nivel promedio de las regiones occidentales.
La estrategia, que reconoce el considerable atraso de la zona, apunta a cerrar tan pronto como sea posible la brecha entre Xinjiang y las regiones del interior del país en un plazo de diez años y a garantizar el cumplimiento de la meta de convertir a Xinjiang en una «sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos» de aquí a 2020. ¿Se aplicará en el Oeste el mismo modelo de desarrollo del Este? Y de ser así, ¿solventará o activará nuevas quiebras en la confianza entre las diversas comunidades presentes en dicho territorio?
La nueva política para Xinjiang presenta como característica más sobresaliente la ausencia de “política” en sentido estricto. Su mensaje es doble. De una parte, el gobierno central reafirma la importancia de este territorio para el conjunto del país. Xinjiang tiene abundantes recursos naturales. Hasta 2008, se habían descubierto unas 140 variedades de minas, de las cuales, 9 de ellas ocupan el primer puesto en el ámbito estatal. Esta región dispone de casi el 30% de las reservas de petróleo y gas natural del país. Territorio fronterizo y lugar de paso de importantes ductos, su relevancia estratégica está fuera de cuestión. Segundo, la mejora de las condiciones de vida debe contribuir a reducir no solo las diferencias con las zonas más avanzadas de China sino también a mitigar el descontento de los uigures y cercenar el apoyo a las reivindicaciones de los independentistas.
La esencia de la apuesta aprobada por el PCCh pareciera trasladar a Xinjiang el pacto auspiciado en el conjunto del país: desarrollo a cambio de estabilidad. La relevancia del encuentro de la pasada semana indica también que no se escatimarán medios para garantizar ambos aspectos. No obstante, la singularidad de la problemática de las nacionalidades minoritarias en China advierte de los riesgos de generalizar políticas ninguneando los matices identitarios en los cuales, a la postre, radica una parte sustancial e irrenunciable de la solución del conflicto.