A las tensiones derivadas de la transición económica, China debe sumar la gestión de las reformas en diversos capítulos en los que precisa ofrecer resultados tangibles de cara al XIX Congreso del Partido Comunista (2017). La armonía socioeconómica, la independencia de la justicia, las contradicciones territoriales (desde Hong Kong o Taiwan al lejano Xinjiang) o la agenda ambiental constituyen imperativos insoslayables que no darán un respiro al liderazgo del PCCh.

Con el guión de las llamadas “cuatro tareas integrales” (sociedad acomodada, reforma, Estado de derecho y disciplina del Partido), el PCCh pondrá una vez más toda la carne en el asador para preservar su liderazgo y magisterio. El cierre de filas se inició ya en 2015, especialmente proscribiendo las “discusiones indebidas”, es decir, todo cuestionamiento en sus propias filas, por tímido que sea, de las orientaciones generales dispuestas por el Buró Político. El Estado de derecho proseguirá su cruzada semántica pero en un marco regulador tan generoso en disposiciones como restrictivo en materia de reconocimiento y ejercicio de libertades, sometidas a un severo control.

No cabe esperar tampoco pasos atrás en materia de lucha contra la corrupción, un trazo indiscutible del actual liderazgo. Por el contrario, es de imaginar una activación en aquellos segmentos del aparato estatal y partidario, como las empresas públicas o el ejército, más directamente relacionados con impulsos reformistas cualitativamente trascendentes y en los cuales se aspira a crear marcos de fidelidad que podrían ir más allá del propio PCCh como institución facilitando la configuración de una amplia base personal del actual secretario general, Xi Jinping.

La intensificación de las reformas puede tener consecuencias sociales con un aumento del desempleo en determinadas regiones; por otra parte, las dificultades de las empresas en algunos sectores está provocando la amplitud de fenómenos como los salarios atrasados; asimismo, el impulso urbanizador y las transformaciones operadas en los modos de explotación de la propiedad rural unido a las dificultades presupuestarias de los entes locales puede activar las protestas y el descontento en el orden laboral y campesino, aupando lo social a un primer plano.

Las tensiones ambientales y la preocupación por la seguridad alimentaria constituyen igualmente ámbitos en los que la insatisfacción ciudadana va in crescendo obligando a las autoridades a responder no solo puntualmente sino con medidas eficientes y de largo plazo.

El impulso a los seguros de enfermedad y de vejez, de capital importancia en una sociedad en la que solidaridad tradicional se bate en retirada por los efectos de la urbanización y las quiebras en la familia clásica, unido a la reformas en materia de salud o jubilación pueden generar un clima social de desconcierto e inquietud que el PCCh procurará calmar con renovadas dosis de optimismo.

Sociólogos como Zhang Lifan, antiguo miembro de la Academia China de Ciencias Sociales, han alertado de la importancia de acometer reformas políticas serias en estos primeros cinco años de mandato de Xi, advirtiendo que, de no hacerlas, el PCCh podría desaparecer en diez años. Xi evocó el escenario de la desaparición del PCCh nada más tomar posesión del cargo a la vista de su descrédito ético, pero una vez en la cumbre del poder ha acentuado la concentración y matiza las reformas políticas.

Sun Liping, profesor de sociología en Xinhua University, mentor universitario de Xi Jinping, quien ya en 2009 describía los riesgos de descomposición de una burocracia que había perdido el norte moral y que gangrenaba la honestidad y la demanda de justicia de la sociedad china, denuncia las tendencias despóticas del actual liderazgo, su estilo autocrático, el exceso de centralismo y la proliferación de la obediencia ciega, actitudes que reflejarían la debilidad del gobierno.

Pero el PCCh, persiguiendo el sueño chino, se ha amurallado contra las críticas.