El próximo 24 de noviembre, apenas dos semanas antes de las elecciones municipales parciales del 9 de diciembre, el Yuan legislativo deberá debatir una nueva moción de censura presentada contra el presidente Chen Shui-bian.

Después del fracaso de iniciativas similares cursadas en junio y en octubre últimos, nadie esperaba tan pronto un nuevo intento como el auspiciado ahora por el KMT (Kuomintang) y que ya ha recibido de inmediato el apoyo del PPP (Partido el Pueblo Primero). Dos novedades acompañan esta primera intentona. La primera, la fractura abierta en el seno de los “verdes”. La UST (Unión Solidaria de Taiwán), que agrupa a un total de doce diputados, anunció recientemente que también votaría a favor de la moción, si bien más tarde se produjo un desmentido. En cualquier caso, la sensación de un inevitable distanciamiento de la UST respecto al PDP (Partido Democrático Progresista) es claramente perceptible. ¿Razón? Esa es la segunda novedad. Se trata de una nueva inculpación de la esposa de Chen, y de otros altos funcionarios de la administración presidencial, acusada ahora de falsificación de documentos, perjurio y aceptación de sobornos por valor de 448.500 dólares estadounidenses. El procurador Chang Wen-Cheng, después de cuatro meses de investigación, ha concluido la existencia de malversación de caudales públicos en un fondo secreto del Estado. El procurador ha asegurado disponer de pruebas concretas y veraces que inculpan también a su marido, el propio presidente Chen, a quien no puede procesar por disponer de inmunidad presidencial. Para ello, deberá aguardar a la finalización de su mandato. Con anterioridad, ambos habían negado dichas acusaciones en numerosas ocasiones.

Las manifestaciones han vuelto a la calle, tanto en Kahosiung como en Taipei, las dos principales ciudades y donde el día 9 se celebrarán elecciones municipales. El sábado día 4, los principales periódicos de Taiwán publicaban sendos editoriales reclamando la destitución de Chen. Todos le reclaman que asuma sus responsabilidades. Según una encuesta del United Daily, el 60% de los entrevistados se mostraba favorable a la destitución del presidente.

Chen compareció el domingo en televisión para proclamar la inocencia de su familia, prometiendo dimitir si su esposa era declarada culpable. El mismo admitió ahora públicamente el uso de recibos falsos para justificar gastos comprometidos por razones de interés nacional y, en concreto, en misiones diplomáticas “secretas”, y que por ello no podía divulgar. La oposición denuncia su desfachatez y señala que solo es una trampa para ganar tiempo, ya que el proceso judicial que afecta a su esposa puede demorarse más de un año, lo que le permitiría cumplir su mandato.

Los partidarios de esta nueva moción de censura cuentan con 116 diputados, suma bastante alejada de los 148 votos mínimos necesarios para destituir a Chen (los dos tercios de 220). Por lo tanto, resulta indispensable lograr el apoyo de la UST, que ha dejado en el aire la posibilidad de apoyo “en función de cómo evolucione el sentir de la opinión pública” y también de un mínimo de 14 diputados del PDP, que, por el momento, ha vuelto a cerrar filas en torno a Chen. ¿Será capaz de mantener esa unanimidad? Los problemas de Chen –y del PDP- se agravan. Se descarta, en cualquier caso, que Chen pueda abandonar la presidencia voluntariamente y no pocos temen incluso un giro provocador con el fin de alejar del primer plano estos últimos episodios que tan negativamente connotan su gestión.