“El mismo Dios creó a Satán porque estaba harto de los ángeles cantores y elogiosos. Si el reino de los cielos no puede pasarse sin oposición, ¡cuánto menos puede hacerlo un gobierno humano y secular!”, así lo creía el escritor chino Lin Yutang, lo que no le impedía afirmar igualmente que “cada vez que contemplo una campaña electoral en EEUU pierdo fe en la democracia”….
La obsesión por eliminar de raíz cualquier oposición parece estar detrás de las condenas dictadas contra varios letrados chinos acusados de intento de “subversión del poder del Estado”. Las sentencias aluden a actividades relacionadas con la movilización de opositores y el apoyo a protestas que pudieran derivar en una “revolución de color”, connivencia con fuerzas extranjeras anti-China o incitación al odio contra el gobierno. Según la información oficial, los condenados “confesaron sus crímenes y se comprometieron a no apelar”. Ellos mismos alabarían la legitimidad y justicia del proceso.
Las sentencias culminan una primera campaña de hostigamiento contra aquellos que intentaron explorar las posibilidades de ejercer cierta contestación aprovechando la aparente ambigüedad sugerida tras las proclamas del Estado de derecho de la nueva dirección china. La mejora de las condiciones generales para el ejercicio de la abogacía fue uno de los lineamentos de la reforma judicial, pero desechando, también en este caso, cualquier atisbo de independencia.
El momento elegido abunda en los intentos de silenciar cualquier crítica al gobierno. Tras desautorizar las “discusiones indebidas” en el seno del Partido y llamar a los principales medios de comunicación a alinearse tras sus posiciones multiplicando los controles sobre toda información sensible, estas sentencias envían un claro mensaje a la oposición externa en vísperas de un nuevo pleno del Comité Central que inaugurará un año político trascendente para Xi Jinping, pues culminará con el XIX congreso a celebrar en el otoño de 2017.
Los abogados condenados habían participado en numerosos casos relevantes, incluyendo los relativos a la leche infantil contaminada en 2008 (seis niños muertos y 300.000 enfermos) o tuvieron en su cartera a clientes como Ai Weiwei o miembros de Falun Gong y otras sectas o confesiones religiosas. La sentencia escenifica un rotundo límite a las posibilidades del juego legal incluso cuando simplemente se trata de obtener reparaciones ante escándalos originados por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos. Para el gobierno, más que la procedencia el caso es relevante la presencia de oponentes políticos que tratarían de aprovechar dichas grietas para poner en cuestión su legitimidad. El recurso a las confesiones televisadas nos retrotrae a tiempos que creíamos superados.
Las motivaciones políticas están detrás de estos fallos. El eco internacional de las condenas empaña nuevamente la imagen de China y descalifica cualquier esfuerzo del PCCh por modernizar el sistema político del país con medidas de alcance. Sus infranqueables límites no son una muestra de fortaleza sino de debilidad.