BEIJING, 10 feb (Xinhua) -- Un funcionario de tribunales de China comentó que las nuevas directrices nacionales para limitar el uso de la pena de muerte no socavarán la seguridad pública, reiterando a los ciudadanos la protección de la seguridad pública y la estabilidad social.
«El uso limitado de sentencias de pena de muerte no reducirá las vigorosas acciones severas contra el crimen ni afectará negativamente la estabilidad social. Es razonable administrar una justicia templada con clemencia cuando se trate de la pena de muerte», señaló hoy a Xinhua Gao Guijun, juez del Tribunal Popular Supremo (TPS).
Algunas partes de las nuevas directrices generaron preocupación pública, especialmente el artículo que reconoce la compensación económica como un factor posible para reducir sentencias. Algunos ciudadanos interpretaron el artículo como «el dinero puede comprar una vida».
«Esta regla se refiere principalmente a casos criminales originados en conflictos civiles. Mientras para quienes dañaron severamente la seguridad nacional o el orden social, o quienes violen indiscriminadamente los derechos de las personas con intenciones maliciosas serias, la compensación no les otorgará ninguna misericordia», explicó Gao.
El Tribunal Popular Supremo de China anunció el martes nuevas directrices para los tribunales que atienden casos criminales. Las directrices piden a los tribunales aplicar la política de «justicia templada con clemencia», la cual subraya que las sentencias de pena de muerte deben ser limitadas.
«La suspensión y las conmutaciones fueron ampliamente utilizadas en el pasado para sentenciar a ex funcionarios que aprovecharon sus posiciones como servidores públicos. Esto debe cambiar», declaró Qu Xinjiu, jefe de la escuela de leyes de la Universidad China de Ciencia Política y Leyes con sede en Beijing.
Las directrices señalan que la conmutación y la libertad bajo palabra para esos funcionarios, especialmente aquellos por encima del nivel distrital, deberán ser discutidas en tribunales.
Sun Jungong, vocero del TPS, señaló que las directrices subrayan las relaciones entre la aplicación de la ley y la política de «justicia templada con clemencia».