La ley enmendada estipula que el órgano regulador de seguros  del Consejo de Estado (gabinete) tiene el derecho de ordenar a los accionistas de las aseguradoras que suspendan las transacciones de las empresas afiliadas que dañan gravemente los intereses de las  compañías y disminuyen su solvencia. 

     El órgano regulador también puede limitar los derechos de los  accionistas de las aseguradoras si éstos realizan operaciones  arriesgadas de capital, según la ley. 

     La normativa revisada entrará en vigor el próximo1 de octubre,  de acuerdo con un comunicado del Comité Permanente de la APN en  una sesión bimensual que concluyó hoy.