En septiembre de 2020, el Yuan legislativo taiwanés creó una comisión para analizar las propuestas de enmienda constitucional, más de 50 en total. Días atrás se reunió por primera vez. Entre las propuestas para revisar se incluyen las que pretenden rebajar la edad de voto a los 18 años, abolir el Yuan de Examen y el Yuan de Control, así como analizar el elevado listón de algunas enmiendas. El actual periodo de sesiones finaliza este mes por lo que el inicio de actividades de la comisión es más simbólico que real. Además, en estos momentos, la prioridad política número uno se centra en el combate al inesperado brote de Covid-19. Por lo tanto, habrá que esperar a septiembre y entonces ya se verá.

En torno al sentido de esta reforma puede girar el legado político de Tsai Ing-wen. La cuestión no es baladí. No obstante, las hipotecas para el avance en la reforma son muchas. Primero, las negociaciones entre los partidos, con dos bloques, de entrada, enfrentados. De inicio, el PDP y el Partido del Nuevo Poder se han centrado en las propuestas para abolir el Yuan de Control y el Yuan de Examen, y para rebajar la edad de voto a los 18 años. Es muy posible que para ellas pueda sumar al bloque nacionalista a juzgar por sus manifestaciones. En otras, sin embargo, podría derivar en una fuerte tensión política pudiendo acelerar la fractura nacionalista -esa sería su principal utilidad política aunque llegara a fracasar- o, por el contrario, actuar como sustancia galvanizadora para aliviar su decadencia siquiera coyunturalmente.

El debate más peliagudo se reserva para asuntos como la delimitación del territorio (que administra hoy día la República de China, es decir, los condados de Kinmen, Lienchiang y Penghu, y Taiwán propiamente dicho), la supresión de las alusiones al objetivo de la unificación nacional o incluso el cambio de denominación. Todos ellos son asuntos hipersensibles que llevan décadas en el debate público a instancias de los sectores soberanistas.

Beijing advirtió expresamente respecto a cualquier modificación que pueda ser interpretada como una alteración del statu quo, que Tsai Ing-wen prometió preservar. Pero las presiones sobre Tsai, en su segundo y último mandato, serán fuertes: hay que aprovechar el momento, dicen los partidarios de modificaciones profundas, destacando lo improbable de que China se arriesgue a una intervención militar cuando EEUU muestra un claro y decidido apoyo a Taiwán ya que tendría enormes consecuencias para su estabilidad económica y política.

De esa forma, se apuntalaría la idea de que la Constitución es un asunto soberano en el que solo pueden decidir los taiwaneses. Aunque, sin duda, para ello deba contar con el beneplácito activo de Washington, y no solo retórico o tácito sino con sus destructores haciendo, como ahora, tránsitos activos por el estrecho de Taiwán dejando entrever un mensaje explícito para Beijing. Esta dinámica podría caldear algo más que los ánimos.

De darse, sería un movimiento ciertamente arriesgado. Un informe reciente de la Academia China del Estrecho (ya no solo The Economist) advertía de que diversos factores llevan a Beijing y Taipéi «al borde de la guerra». Para su presidente, Lei Xiying, la cuestión clave es que las relaciones sino-estadounidenses están fuera de control y Taiwán se está convirtiendo en punta de lanza de la estrategia de contención de China.

Durante el mandato de Chen Shui-bian (2000-2008), los intentos del PDP de avanzar por esa ruta fracasaron ante la firme negativa del KMT –más cohesionado que hoy día- y la desconfianza de EEUU. Ahora la situación pudiera ser otra. El KMT no controla el Yuan Legislativo y su fractura interna podría agravarse, lo cual ofrecería un holgado margen de continuidad al PDP al frente del gobierno tras 2024. La actitud de EEUU hoy no tiene nada que ver con la sostenida al inicio del presente siglo y con anterioridad, más bien hostil a los simpatizantes de la independencia de Taiwán aunque no por ello favorables a la reunificación. Por otra parte, también la sociedad taiwanesa está más distanciada del continente y recela mucho más del marco propuesto de «un país, dos sistemas».

El trámite exige una aprobación de las tres cuartas partes de los legisladores (85), con un mínimo de tres cuartas partes de todos los miembros presentes para pasar a la siguiente fase, es decir, a un referéndum público en el plazo de seis meses. La enmienda sólo se ratificaría si un mínimo del 50% de los votantes con derecho a sufragio votan a favor.