La Asamblea Popular Nacional china dio un paso más en la aprobación unánime de las reformas relacionadas con Hong Kong. La esencia de las medidas: aumentar escaños, representantes en el Colegio Electoral, más comités, etc., pero para reducir la significación del voto democrático directo, bloqueando el paso de los votos “no deseados». El último trámite será el seguro aval de la región administrativa especial.

Ciertamente, el peor escenario de la crisis que arranca en 2019, el de una intervención armada, se ha disipado por completo. Inteligentemente, las autoridades chinas optaron por recurrir a los mecanismos legislativos más acción policial y judicial para meter en cintura a Hong Kong. Primero fue la ley de seguridad nacional, ahora la reforma electoral. El objetivo: “estabilizar” la ex colonia británica cercenando cualquier posibilidad de intervención efectiva de la oposición, que se ha venido abajo quizá con más rapidez de lo esperado a la vista de la amplitud de sus movilizaciones. La democracia en la antigua colonia británica sólo es aceptable si los candidatos demuestran primero su patriotismo chino. La eliminación del movimiento demócrata “no patriótico» aseguraría el mantener a raya el desorden. Las expectativas de una oposición clandestina son limitadas aunque esto no garantiza ipso facto la ovación ciudadana a los “patriotas”.

La sustitución del principio denguista “Hong Kong debe ser gobernado por los hongkoneses” por el xiista de “solo los patriotas deben gobernar Hong Kong”, retuerce la autonomía local. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, bajo el mando directo de Xia Baolong, ha asumido el papel protagonista complementando la estrategia con un amplio relevo de los cuadros responsables de la gestión del problema en alianza con Luo Huining, al frente de la Oficina de Enlace de Beijing con Hong Kong, y ambos bajo el paraguas del viceprimer ministro Han Zheng, número 7 del Comité Permanente del PCCh. El papel de Carrie Lam, la Jefa Ejecutiva, es más simbólico que nunca desde 1997. Si los hongkoneses nunca tuvieron voz bajo el imperio británico, los hipotéticos avances que podrían deducirse de la retrocesión tras más de 150 años de colonización, se van disipando.

No se trata, por tanto, de acciones aisladas o inconexas sino de una revisión completa del enfoque y de efectivos para atar en corto y evitar sorpresas en Hong Kong. Y quizá más allá. La soberanía, concepto clave en el «socialismo con peculiaridades chinas» de Xi Jinping, es la máxima prioridad. Pero ya Deng Xiaoping también lo advirtió en su día al negociar la retrocesión (1984): si durante los 50 años de los «dos sistemas», de 1997 a 2047, la entrega de Hong Kong a China se viera amenazada, ninguna consideración, ya sea el entorno empresarial o la reputación internacional de China, anularía la determinación de afirmar su soberanía. En Beijing no se olvida que el territorio fue arrebatado a la debilitada dinastía Qing mediante victorias militares y los «tratados desiguales» de 1848 y 1860, la afrenta de las derrotas de las «Guerras del Opio».

No le falta razón a Beijing al denunciar que la Corona británica nunca cedió nada de su soberanía al pueblo de Hong Kong ni dejó tras de sí huella política liberal alguna por más que transformara radicalmente la realidad económica del territorio. La demanda democrática fue, a la postre, un legado “envenenado” del último gobernador Chris Patten.  Ahora, los activistas democráticos buscan refugio en la denostada metrópoli imperial.

Férreo control y fortalecimiento del centralismo van de la mano. Si como se ha argumentado, la intervención extranjera era la principal causa de la inestabilidad, podría haberse hilado fino en este ámbito, con medidas orientadas a limitar la acción, incluida la generosa financiación, de las entidades de orientación conservadora que se destacaron en el apoyo a los manifestantes.  Pero eso ha pesado poco en el rumbo elegido. Tampoco se atisban políticas correctoras de la injusticia social rampante y característica de Hong Kong, un paraíso liberal con el índice de desigualdad más alto de Asia. La que a menudo se esgrime como compensación por la flaqueza del reconocimiento de libertades fundamentales carece aquí de recorrido. China anunció recientemente el fin de la pobreza extrema pero en Hong Kong sigue creciendo imparable. Eso sí, la reforma exalta su compromiso con «el estatus como centro comercial y financiero».

El “éxito” de las medidas adoptadas en relación a Hong Kong puede tener un doble efecto sobre Taiwán, el próximo objetivo. De una parte, incrementar la percepción negativa, ya de por si holgada, de los taiwaneses a propósito de la política continental, alejando la perspectiva de una reunificación pacífica. Pocos –ya lo eran- creerán en Taipéi en las promesas de respetar su identidad liberal al amparo del principio “un país, dos sistemas”. De otra, puede ser el preanuncio de atrevidas medidas de corte legislativo. Hu Jintao aprobó en 2005 la ley Antisecesión; no sería nada extraño que Xi promoviera ahora medidas que impulsen una reunificación de facto por la vía normativa: de contener la independencia a promover la reunificación como respuesta al protectorado establecido por Washington sobre la isla rebelde.