2007: ¿El año de la propiedad privada en China?

In Análisis, Sistema político by PSTBS12378sxedeOPCH

El de la propiedad será uno de los asuntos estrella en la China de 2007. Desde inicios de la política de apertura, las formas de propiedad se han diversificado ampliamente, con un claro adelgazamiento de la propiedad estatal y un progresivo ascenso de la propiedad privada. En tiempos de Jiang Zemin, esta última adquirió un status de protección constitucional que la equiparó formalmente a todas las demás.

Durante años, el debate acerca de la regulación de la propiedad se ha evidenciado como uno de los más intensos del post-maoísmo. En las sesiones de la Asamblea Popular Nacional (APN) del pasado año, la aprobación de su código regulador, un compendio de más de mil artículos, se debió retirar de la agenda ante la falta de consenso. Ahora, cuando faltan pocas semanas para que se inicie un nuevo período de la APN, el próximo 5 de marzo, el debate y aprobación de esta norma figura de nuevo en el orden del día y promete ser el asunto más candente del primer semestre.

Las reservas al texto de muchos sectores son de diverso signo. Nadie discute la conveniencia de una regulación ni tampoco se pone en cuestión la importancia de la propiedad privada en sí. No obstante, se contesta su equiparación con las formas de propiedad pública y existe el temor a que la norma establezca una frontera y no necesariamente positiva en un contexto en el que, como ha señalado recientemente la Academia de Ciencias Sociales, la alarmante brecha económica y social no muestra signos de disminuir a pesar de los esfuerzos del gobierno chino y las loas a la armonía.

La propiedad privada es una realidad en la China de hoy, pero su regulación en detalle puede animar transformaciones cualitativas importantes, afectando a pilares sustanciales de la reforma, en especial a la propiedad social, autentica -y desconocida- protagonista del crecimiento chino, y que ahora podría verse sacrificada. En la práctica, estas empresas, que disponen de un régimen singular en muchos sentidos (administrativo, fiscal, organizativo, etc.) y a cuyo frente se hallan gerentes formalmente elegidos por la colectividad laboral, se han ido conformando como unas pseudoempresas privadas con etiqueta roja que ahora, si el respaldo político se desplaza a lo privado, podrían alterar su condición jurídica, convirtiendo a sus gerentes en los dueños reales a todos los efectos.

Esa onda privatizadora a la china, que no afectaría tanto a la propiedad estatal como a la social, vendría acompañada, sin embargo, de un nuevo proceso de reestructuración de las empresas estatales. Actualmente, China cuenta con 159 grandes empresas de propiedad estatal. El gobierno central planea reducir su número a entre 80 y 100 para el año 2010, a través de fusiones y adquisiciones. China ha anunciado además los sectores que conservará en manos del Estado por considerarlos estratégicos: defensa, electricidad, petroquímica, minería, telecomunicaciones, aviación civil y transporte fluvial. Estos son los considerados sectores vitales y a los que el gobierno y el PCCh no renuncian, por el momento al menos.

Las consecuencias en el orden ideológico y político no serían menores. Deng decía en 1985 que si como resultado de la reforma surgía una nueva clase burguesa en China, el PCCh habría fracasado en su empeño modernizador. Pero, cómo promover la propiedad privada con un rango similar a las demás evitando que surja una burguesía? Deben los nuevos propietarios seguir las instrucciones del PCCh o este poner en práctica la política que interesa al nuevo poder económico emergente? La estrategia del PCCh consiste en cooptar a los empresarios y garantizar su fidelidad a la causa, controlándolos muy de cerca y a través de numerosos resortes, evitando su consolidación como un grupo de poder influyente y paralelo. Ese, a fin de cuentas, es el sentido de la doctrina de la triple representatividad, que debe evitar que el PCCh quede a merced de los nuevos potentados. La práctica reciente, sin embargo, da cuenta de las dificultades existentes, en especial a nivel local, para que el PCCh pueda “dirigir” el empresariado y lo relativamente fácil que resulta a este “comprar” a las autoridades partidarias y administrativas.

Wen Jiabao, primer ministro y firme valedor del proyecto, decía en marzo del pasado año que la reforma no podía admitir pasos atrás. La propuesta de 2006 de priorizar la atención a lo social (incluyendo un nuevo código laboral) y a las zonas rurales (el llamado nuevo campo socialista), será compensada ahora con esta reglamentación. Un guiño a cada lado, pero a distintas velocidades.