“Nuestro entorno político, a través de esfuerzos incansables, como mares en calma y ríos que corren despejados, estará limpio y libre de corrupción.”

Xi Jinping

19º Congreso Nacional del PCCh

Desde la proclamación de la República Popular China en 1949, el Partido Comunista de China (PCCh) ha tenido mecanismos para controlar y supervisar que sus miembros no cometieran actividades delictivas vinculadas a la corrupción y al soborno. Pero fue en 1977, durante el XIº Congreso Nacional del PCCh, cuando se empezó a dotar de unas estructuras de supervisión plenamente operativas como la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCID) que, aunque ya anteriormente había existido, la Revolución Cultural distorsionó su funcionamiento. Posteriormente, el 1 de enero de 1980 entró en vigor el nuevo Código Penal, en el que se recogía el delito de soborno y el de corrupción. En 1997, se enmendó durante la Quinta Sesión de la Octava Asamblea Popular Nacional que lo reformó y precisó.

Con la subida al poder de Hu Jintao como secretario general del PCCh en noviembre de 2002, y durante el XVI Congreso Nacional del PCCh, se comprometió en redactar el Reglamento de Supervisión Interna, un documento que institucionaliza la supervisión de la CCID. Con esta herramienta se aplica una firme inspección interna, supervisando todos los aspectos de gestión de los miembros del PCCh. Se destinan recursos a la CCID y la verticalidad en la toma de decisiones permite una impermeabilidad a nivel regional y local. Se da independencia a los miembros del Partido encargados de inspeccionar a los otros miembros de cualquier influencia.

Esta supervisión provocó la detención de Chen Liangyu, secretario del Partido Comunista de Shanghái, junto con otros miembros del gobierno local. Chen fue sentenciado a 18 años de prisión por soborno y corrupción. La caída de Chen demostró dos cuestiones fundamentales, que no había intocables, y que la CCID funcionaba.

En el XVIII Congreso Nacional del PCCh de 2012, Xi Jinping fue elegido secretario general del PCCh. Xi continuó las tareas de Hu Jintao, y convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los principales puntos de la nueva administración. Al frente de la CCID sitúa a Wang Qishan, quien se convertirá en el símbolo de la nueva etapa contra la corrupción y el soborno dentro de la República Popular China y del Partido Comunista.

Dos años más tarde, en 2014, Xi Jinping acomete una reforma inédita: amplía la jurisdicción de la CCID a todos los niveles administrativos, de modo que no hay lugar donde no pueda llegar la inspección, y no hay cargo que pueda quedar impune. Desde entonces, el Comité Central del PCCh es su máxima autoridad.

Las consecuencias fueron fulminantes: en 2015 juzgaron y expulsaron del PCCh a Zhou Yongkang, secretario de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos, y exministro de Seguridad Pública. Fue sentenciado a cadena perpetua, privación de derechos políticos y confiscación de los bienes personales. Junto con él serían juzgados: Guo Boxiong y Xu Caihou, generales y ex vicepresidentes de la Comisión Militar Central. Primero Guo fue condenado a cadena perpetua y Xu murió antes del Consejo de Guerra. Más de 220 funcionarios fueron investigados. También Su Rong, secretario general del PCCh en Jiangxi, y anteriormente de Gansu y Qinghai, fue declarado culpable, condenado a cadena perpetua y destituido.

En 2016, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema redactan La Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales relacionados con la corrupción y el soborno que era de especial relevancia para las medidas anticorrupción existentes, pues actualizaba los límites de lo que se podría considerar delito de corrupción y/o soborno, según la enmienda novena del Código Penal.

Un año después, en 2017, Yang Xiaodu informó durante el XIX Congreso Nacional del PCCh que 440 miembros del partido, de los cuales 43 integraban el XVIII Congreso Nacional del PCCh y 9 de la CCID estaban bajo investigación. Junto con 8.900 miembros de las oficinas estatales, 63.000 miembros de condados y 278.000 miembros locales. Un total de 1,55 millones de casos de corrupción en todo el país en cinco años, según informó CGTN.

En 2018, en la tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China se aprobó la profundización de la reforma de las instituciones del Partido y del Estado. Se eliminaron las diferencias entre las organizaciones del Estado, como el Ministerio de Supervisión, y las del PCCh, la CCID. A partir de marzo de 2018 se crearía la Comisión Nacional de Supervisión, para investigar y revisar la gestión de cualquier funcionario público, y también como miembro del partido. Esto resolvió uno de los problemas existentes con la CCID, que, aunque tuviera contacto con el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema, no dejaba de ser un órgano del partido. Xi Jinping lo soluciona, e incluso reforma la Constitución de China para garantizar la independencia de las comisiones estatales.

Bajo la administración Xi se ha dado respuesta al clamor popular contra la corrupción que existía en el país, siguiendo los pasos de Hu Jintao. De esta medida se informó en el centenario del Partido Comunista de China, quien tiene 95 millones de miembros. Alemania tiene 82 millones de habitantes.

Políticos trascendentes como Liu Shaoqi, Zhu De o Chen Yun han dirigido la lucha contra la corrupción en la República Popular China. Una tarea importante que permitió acabar con los simpatizantes de la Banda de los Cuatro, derrocar y juzgar a Zhou Yongkang y su cuadrilla, y demostrar que nadie quedaría impune en caso de cometer delitos asociados con la corrupción.

El próximo Congreso Nacional del Partido Comunista de China será en 2022, y entonces se presentarán los informes de la Comisión Nacional de Supervisión. Será en ese momento cuando podremos valorar si la lucha contra el soborno y la corrupción sigue firme, igual que lo ha sido durante el período 2012-2017.