El viernes 16 de marzo, la Asamblea Popular Nacional (APN), máximo órgano legislativo de China, aprobó una nueva regulación que equipara en derechos y protección las propiedades públicas y privadas. En numerosos medios se ha interpretado esta decisión como un nuevo paso del gigante asiático hacia el capitalismo si bien los dirigentes chinos, se esfuerzan por poner el acento en el giro social de una reforma que orienta sus pasos hacia el abandono del liberalismo que ha caracterizado las últimas décadas y la apuesta por la construcción de un estado más social.