Poco importa que las cartas remitidas a la ONU le vengan de vuelta o que el propio secretario general asegure y reitere lo que todo el mundo sabe: justo o no, es legalmente imposible que Taiwán ingrese en la ONU. Pese a ello, Chen Shui-bian sigue adelante con su estrategia que responde, en lo esencial, hasta cuatro motivaciones.

En primer lugar, la electoral, ya que la movilización en torno a dicha exigencia y la celebración de una consulta popular le permite mantener la iniciativa, hacer que gran parte del debate político en la isla gire en torno a su propuesta, y mantener en pleno estado de revista a su base militante y electoral en un esfuerzo que se aventura exigente y dilatado (las legislativas son enero y las presidenciales en marzo). En segundo lugar, la política, ya que su reivindicación entra de lleno en la cuestión clave del futuro de la isla. Preguntar a sus 23 millones de ciudadanos si desean que Taiwán forme parte de la ONU equivale a sondearles sobre su posición a propósito de la independencia respecto a China. Ese matiz marca las diferencias entre Chen, líder del PDP, y Ma, líder del KMT, quien también plantea llevar a cabo la consulta, pero manteniendo la denominación de República de China.

En tercer lugar, la partidaria, ya que un éxito de la estrategia en curso permitirá el afianzamiento del espacio político del PDP, en condiciones nada fáciles, marcadas por el repunte de las denuncias de corrupción en el entorno presidencial y que habían hecho peligrar seriamente la influencia de Chen en el partido. Por último, la personal, ya que una victoria del PDP y sus tesis puede hacerle más llevaderos los procesos judiciales que le aguardan una vez abandone esa presidencia que ahora le proporciona una inmunidad a prueba de irregularidades graves y confirmadas.

La tensión ha sido la estrategia de Chen a lo largo de sus dos mandatos consecutivos. La exacerbación de las diferencias ha dividido la isla en dos segmentos políticos claramente diferenciados: los azules y los verdes. Muchos procesos electorales tienden a resolverse por la mínima diferencia (como ocurrió en las presidenciales de 2004 y más recientemente en las municipales de Kaohsiung, la segunda ciudad de la isla). Pero también multiplica los enfrentamientos con el continente, quien estos días calificó a Chen de “conspirador”, alertando de las “graves consecuencias” de la hipotética celebración del referéndum. En Australia, en un encuentro celebrado en la cumbre informal de la APEC, Hu Jintao indicó a Bush que Taiwán está entrando en un periodo “altamente sensible y potencialmente peligroso”. Hu calificó la iniciativa de Chen como un “acto de secesión”. Bush se comprometió a ejercer sus buenos oficios y mediar ante las autoridades taiwanesas para que el referéndum –que parece difícil de evitar- no adquiera una importancia desmesurada y provoque una crisis grave en el estrecho de Taiwán, en lo que, paradójicamente, se interpreta como un velado mensaje a las autoridades continentales para que no se tomen tan en serio y a pecho la polémica iniciativa de Chen. A renglón seguido, Washington anunció nuevas ventas de armas a la isla.

Para Beijing esta no es una cuestión baladí. La denuncia efectuada el pasado 4 de septiembre por el Pentágono acerca de supuestos ataques informáticos por parte de China, sin mencionarla expresamente (y desmentidos oficialmente), pudieran indicar que Beijing se está preparando para una guerra electrónica global que podría ser de gran importancia en el escenario del Estrecho. Su primer objetivo sería hacer inoperantes los sistemas de la flota del Pacífico de EEUU en caso de conflicto militar con Taiwán. Pese a cuanto pudiera desaconsejar la celebración de los Juegos Olímpicos en 2008, esa combinación de advertencias e indicios no debiera tomarse a la ligera.